Roma (AFP, EFE) - La oposición italiana, los magistrados e incluso una parte de la derecha gubernamental dejaron patente ayer su protesta contra un proyecto del primer ministro, Silvio Berlusconi, para limitar las escuchas telefónicas sólo a investigaciones por terrorismo y crimen organizado.
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Berlusconi anunció el fin de semana que su gobierno adoptará en su próximo consejo de ministros, el viernes, un proyecto de ley para limitar el recurso a las escuchas telefónicas. Las escuchas ilegales y su difusión en la prensa, algo muy frecuente en Italia, serían entonces castigadas con un máximo de cinco años de cárcel.
El proyecto de Berlusconi -a quien varias escuchas lo llevaron ante la Justicia en años pasados- ha levantado una dura polémica y constituye su primer enfrentamiento serio con la oposición de centroizquierda desde que volvió al poder, a mediados de mayo, tras ganar las legislativasanticipadas de abril. El líder de la centroizquierda, Walter Veltroni, tachó el proyecto de «erróneo» por considerar que «decenas de investigaciones no habrían sido posibles» sin las escuchas.
Su aliado, el ex juez anticorrupción Antonio Di Pietro, estimó que sin las escuchas no se habría podido hacer «manos limpias», la investigación que destapó la corrupción generalizada de la clase política italiana a principios de los años 90.
Sorprendentemente, el principal aliado de Berlusconi, la Liga Norte, se unió a las críticas porque desea que las escuchas sigan usándose en los casos de corrupción, sobre todo los abiertos contra miembros de la administración estatal.
Asimismo, la Asociación Nacional de Magistrados, el principal sindicato del sector, reconoció la necesidad de proteger mejor la vida privada pero advirtió que «renunciar a las escuchas» perjudicará «la lucha contra la criminalidad».
Pese a haber sido objeto de diez investigaciones -por corrupción, fraude fiscal y falsedad en balance-, Berlusconi nunca fue condenado. Desde el poder impulsó leyes que fueron criticadas por sus opositores como intentos de escapar de la Justicia.
El Ministerio de Justicia, Angelio Alfano, afirmó que la limitación de las escuchas servirá para disminuir gastos, pues esa práctica representa más de un tercio de los 280 millones de euros de presupuesto de esa cartera. Por otra parte, justificó la limitación de las escuchas telefónicas en el hecho de que «una grandísima parte» de los italianos son espiados.
«En Italia, en un año, más de cien mil personas son interceptadas (en sus llamadas telefónicas), frente a las 1.700 de EE.UU., 2.300 de Suiza, 3.700 de Holanda, 5.500 de Gran Bretaña y 20.000 en Francia. Si cada uno hace o recibe 30 llamadas por día, se llega a tres millones de intercepciones», denunció Alfano ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
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