Juicio por ataques del 11-M: Procesado dice que informó a policía sobre sitio donde se preparaban las bombas

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José Emilio Suárez Trashorras, procesado en el juicio por el 11-M, manifestó hoy que informó de la existencia de la finca donde se prepararon las bombas para los atentados dos semanas antes de la matanza.

"Informé a la policía el 27 de febrero (de 2004) de dónde estaba la finca de Morata de Tajuña (cerca de Madrid). Yo no fui, les indiqué donde era y no sé si llegaron", dijo Suárez Trashorras en la octava jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional.

El procesado explicó que había estado antes en esa propiedad con Jamal Ahmidan "El Chino" -considerado el jefe operativo del 11-M que se suicidó tres semanas después de los atentados- en relación con sus tareas de confidente policial para temas de tráfico de drogas, pero que nunca supo que allí se estaban montando bombas.

Suárez Trashorras es el imputado que afronta la mayor petición de cárcel (38.667 años) por parte de la Fiscalía, acusado de facilitar los explosivos a los terroristas para cometer los atentados que costaron la vida a 191 personas el 11 de marzo de 2004.

Este ex minero empezó a declarar en la jornada de ayer y afirmó que no suministró a los terroristas la dinamita para las bombas, aunque admitió que en una reunión celebrada en Madrid con "El Chino" y otros procesados le preguntaron si podía suministrarles explosivos, algo que él comunicó a sus contactos policiales.

Hoy añadió que, aunque trabajó en la mina de Asturias (región del norte de España) de donde supuestamente salió la dinamita con la que se prepararon los artefactos que explotaron en varios trenes de cercanías de Madrid, nunca tuvo acceso al material explosivo.

No obstante, destacó que "en Asturias hay un mercado negro de explosivos y lo sabe todo el mundo, que se utilizan para la pesca ilegal o para realizar voladuras", y que es fácil sobornar a un minero "igual que se puede sobornar a un juez o a un fiscal".

Suárez Trashorras explicó que comenzó a ser confidente de la brigada de estupefacientes de la policía en 2001, a raíz de ser procesado y condenado en una operación contra el narcotráfico, pero que nunca tuvo relación con ese mercado negro de los explosivos.

También negó cualquier relación con la organización terrorista vasca ETA y calificó de "bulos" las informaciones que le han relacionado con este grupo, como su supuesta participación en el robo de un coche utilizado en un atentado etarra en 2002.

Tras los ataques del 11-M, explicó que la policía le ofreció convertirle en testigo protegido "si inculpaba a los moros (término para referirse a los ciudadanos del Magreb)" y le aseguró que su esposa y él no irían a la cárcel si colaboraban.

También aseguró que miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, servicios españoles de espionaje) le ofrecieron dinero y protección a cambio de inculpar a Jamal Zougam, uno de los procesados como autor material de la acción terrorista del 11-M.

Ofreció nuevos detalles sobre "El Chino", con quien traficaba con hachís como parte de su labor como confidente policial, y negó que fuera un musulmán radicalizado, porque, según relató, estuvo con él en varias ocasiones "de prostitutas, bebiendo y metiéndose cocaína".

Su testimonio es el segundo en este juicio de un procesado que fue confidente de las fuerzas de seguridad y que plantea que los atentados pudieron haberse evitado, porque se habían dado datos suficientes a la policía y la Guardia Civil para destapar la trama.

Ayer, el marroquí Rafá Zouhier, que fue confidente de la Guardia Civil y que supuestamente puso en contacto a los terroristas del 11-M con Suárez Trashorras, declaró que informó a las autoridades "mil veces" de que "150 kilos de explosivos estaban en Madrid".

Su declaración contrastó con las conclusiones del sumario del caso, en las que se asegura que Zouhier no sólo no informó a sus contactos en la Guardia Civil, sino que ocultó lo que ocurría de manera deliberada hasta después del 11 de marzo de 2004.

Zouhier protagonizó la declaración más tensa de las habidas hasta ahora en este juicio y el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, tuvo que llamarle la atención varias veces por interrumpir al fiscal y a los letrados, y mostrarse desafiante.

La tensión continuó hoy y el magistrado le expulsó por segunda vez de la sala de vistas -la primera vez fue hace una semana, cuando Gómez Bermúdez dijo estar "harto de sus gestos"- por su actitud durante una parte del interrogatorio a Suárez Trashorras.

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