La economía se asoma a un futuro sombrío

Quito (AFP) - El futuro de libre mercado en Ecuador quedó ayer en manos de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente socialista Rafael Correa, que apuesta a devolverle al Estado un papel regulador en la economía y terminar con lo que llama «mitos del neoliberalismo».

Correa podrá ahora reformar a su gusto una economía dolarizada, dependiente de la renta petrolera, con 44,3% de pobreza y una deuda externa de 10.300 millones de dólares, equivalente a 25% del Producto Bruto Interno (PBI).

La actual Constitución --elaborada en 1998- consagra la «economía social de mercado», concepto del que difiere el mandatario, quien alega los «estragos» de una «larga y triste noche neoliberal» en la que, a su juicio, se «convirtieron en mercancía derechos como la educación, la vivienda y la salud».

«Ecuador necesita un nuevo modelo que construya una sociedad de productores y propietarios. Y la Constitución actual no nos permite eso porque favorece el monopolio», señaló el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea.

En Ecuador -un país con 13,6 millones de habitantes-, 40% del ingreso total se concentra en 10% de la población, y 16% de la misma sobrevive con 1 dólar diario, según cifras oficiales.

Proyecto

El gobierno de Correa es partidario del llamado « socialismo del siglo XXI» que también alienta Venezuela, aunque con diferentes matices. Según asegura, con su proyecto el Estado garantizará la educación y la salud gratuitas, regulará la economía sin concentrar la producción y creará estabilidad jurídica para la inversión. Pero los empresarios creen que «la hoja de ruta del gobierno se aleja de los postulados liberales-», según dijeron a la revista-«Vanguardia».

«Hay inseguridad jurídica, persecución a quien invierte, xenofobia contra los inversionistas que, ahora, prefieren a los países vecinos. No sabemos qué reglas de juego normarán la actividad económica», señaló Patricio Donoso, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.

El analista Jaime Carrera, jefe del Observatorio de Política Fiscal, estima que el modelo proyectado por Correa «ampliará y vigorizará al Estado, al tiempo que desalentará la inversión privada».

«Las implicaciones serían severas para la economía y la sociedad en general, porque no se produciría sino se distribuiría lo poco que tenemos, es decir, socializar la pobreza. Tendríamos una economía más frágil, sustentada en el ahorro interno, en la renta petrolera y en la poca riqueza», señaló.

El gobierno desecha los temores insistiendo que su propuesta no es estatista, pero los empresarios no terminan de creerle y exhiben sus cifras sobre los nueve meses de Correa al frente del poder.

«Para este año el crecimientoes de 3,4%, el más bajo en siete años y de Sudamérica.

El crecimiento de la industria manufacturera alcanza 4,5%; el año pasado fue del doble. La balanza comercial es deficitaria por la caída de 13% de la producción petrolera. No hay inversión», según Sebastián Borja, presidente de la Cámara de Industriales de Quito.