La Justicia española frena plan soberanista de Cataluña

El acuerdo del Parlamento de Cataluña defendía esa región como "sujeto jurídico y político soberano".

El Tribunal Constitucional (TC) español suspendió provisionalmente un acuerdo del Parlamento de Cataluña (noreste) que defiende que esa región es un "sujeto jurídico y político soberano" mientras la Cámara creó una comisión que trabaje por el derecho de los catalanes a decidir su futuro.

La suspensión de ese acuerdo de la Cámara regional catalana de enero pasado es resultado de la impugnación presentada por el Gobierno central y ahora el Constitucional dispondrá de cinco meses para entrar a analizar a fondo el asunto.

Se trata de la primera vez en más de tres décadas de democracia que ese Tribunal suspende un acuerdo de un parlamento autonómico.

El Gobierno español, del conservador Partido Popular (PP), impugnó el acuerdo de enero, respaldado por los conservadores nacionalistas catalanes de CiU (en el poder en el región) junto a dos formaciones de izquierda, ERC e ICV.

Dos meses más tarde, en marzo, el Parlamento catalán aprobó otro acuerdo, en una línea similar al anterior, que contó con el apoyo adicional de los socialistas del PSC.

El TC consultó a la Cámara regional cuál de los dos acuerdos era el válido y ésta respondió que ambos lo eran, de modo que el segundo no anula el primero.

Lo que el Parlamento catalán pretendía con ese acuerdo era instar al Gobierno regional (de CiU) a "iniciar un diálogo" con el Ejecutivo central para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña.

Por su parte, el Gobierno central impugnó a principios de marzo el acuerdo por considerar que vulnera la Constitución española de 1978.

La decisión del TC, que resolverá definitivamente antes de cinco meses, fue criticada por el presidente de la autonomía catalana, Artur Mas, quien la calificó de "insólita, altamente preocupante y profundamente decepcionante".

"Es tremendamente preocupante que un parlamento elegido y constituido democráticamente no se pueda ni pronunciar, ni aprobar una declaración", dijo Mas.

Unas horas más tarde, la Cámara autonómica aprobó la creación de una comisión que trabaje por el derecho de los catalanes a decidir su futuro político, en una votación que estaba fijada con anterioridad a saberse que el TC iba a pronunciarse sobre la impugnación del Gobierno central.

La constitución de esa comisión salió adelante con 106 votos y nueve en contra, con el respaldo de CiU, ERC, PSC e ICV, pero sin la participación de los diecinueve diputados del PP catalán, que se ausentaron del Parlamento por entender que el debate y votación eran un desacato a la Constitución española.

El PP catalán se reserva el derecho a impugnar también la creación de esa comisión, por considerarla ilegal, mientras que los socialistas del PSC, que sí apoyaron la iniciativa, plantean que Cataluña tenga "singularidad" en el Estado español, sin entrar en la hipótesis de conceder soberanía a la región.

Mientras tanto, los portavoces de CiU, ERC e ICV en el Parlamento autonómico coincidieron en que, independientemente de la resolución del Tribunal Constitucional, el proceso para ejercer el derecho a decidir continúa y no tiene marcha atrás.

La pretensión de Artur Mas es avanzar hacia lo que los nacionalistas denominan Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, una plataforma que aúne instituciones públicas, partidos políticos y entidades económicas y sociales en favor de la consulta a los ciudadanos.