La normativa establece un plazo legal de 60 días para autorizar el uso de la fuerza militar. El hecho genera debates al interior del propio país norteamericano.
Donald Trump se encuentra a contrareloj por la ley de guerra de EEUU.
Una normativa que fue aprobada tras la guerra de Vietnam quedó en el centro del debate político en Estados Unidos: la Resolución de Poderes de Guerra, que establece límites claros al uso de la fuerza militar sin autorización del Congreso. En este contexto, la ofensiva contra Irán impulsada por Donald Trump se acercó a un punto crítico, ya que el plazo legal de 60 días se cumple a comienzos de mayo y abre interrogantes sobre los próximos pasos de la Casa Blanca.
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La legislación fija un esquema preciso para las intervenciones militares sin aval legislativo. En primer lugar, el presidente debe notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de tropas, detallando objetivos, fundamentos y duración estimada de la operación.
Luego se activa el punto central, donde el Congreso dispone de 60 días para autorizar el uso de la fuerza. En caso contrario, la ley indica que el mandatario debe finalizar las acciones militares. Existe además una ventana adicional de 30 días, que puede aplicarse únicamente para garantizar una retirada segura de las tropas.
En el caso de Irán, Trump argumentó que actuó bajo sus facultades constitucionales para conducir la política exterior, una justificación que otros presidentes también utilizaron en conflictos previos.
El vencimiento del plazo generó interpretaciones cruzadas dentro del propio Congreso. Algunos legisladores consideraron que el conteo comenzó con el inicio de las hostilidades, lo que ubicó la fecha límite a fines de abril.
Otros sostuvieron que el plazo se activó recién con la notificación formal al Congreso, lo que trasladó el vencimiento al 1 de mayo.
A esta discusión se sumó un factor adicional: el alto el fuego. Varios republicanos plantearon que ese período no debería contabilizarse dentro de los 60 días, mientras que incluso algunos demócratas admitieron que la tregua complicó el cálculo.
“No se pueden castigar los altos el fuego. Queremos que se sienten a dialogar”, afirmó el legislador republicano Brian Fitzpatrick, quien además se mostró dispuesto a impulsar una votación si se reanudan los combates.
Aunque el Congreso tiene la facultad de limitar o retirar el apoyo a una intervención militar, en la práctica la norma nunca logró frenar una guerra.
A lo largo de los años, distintos presidentes cuestionaron su constitucionalidad y encontraron mecanismos para extender operaciones más allá del plazo previsto.
El propio Richard Nixon vetó la ley en su momento, al considerar que restringía la capacidad del Ejecutivo para proteger al país, aunque el Congreso finalmente anuló ese veto.
Más recientemente, el vicepresidente J. D. Vance reforzó esa postura crítica al sostener: “La Ley de Poderes de Guerra es fundamentalmente una ley falsa e inconstitucional”.
Los intentos por forzar una votación en el Congreso para limitar la intervención en Irán no prosperaron hasta ahora. Algunas figuras, como la senadora republicana Lisa Murkowski, analizaron impulsar una autorización que establezca condiciones al accionar militar, pero sin avances concretos.
A diferencia de otras administraciones, la Casa Blanca no mostró señales de buscar respaldo legislativo, lo que profundizó la tensión institucional. Mientras tanto, los tribunales evitaron pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, dejando el conflicto en el terreno político.
Con el plazo legal en disputa y sin una estrategia clara en el Capitolio, la guerra con Irán expuso nuevamente los límites difusos entre el poder presidencial y el control del Congreso en materia de política exterior.
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