La prensa boliviana desmenuzó el fin de semana la polémica Ley de Hidrocarburos que entrará en vigencia en caso de que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. De esos análisis, surge más claramente por qué la norma concita tanto el rechazo de las petroleras extranjeras como de los partidos de izquierda.
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Los empresarios objetan el corte intervencionista de la norma, que reimplanta los derechos del Estado boliviano en la producción de hidrocarburos -mediante la refundación de YPFB- y recupera para él la propiedad de los recursos en boca de pozo. También causa rechazo que fuerce la migración de los antiguos contratos de «riesgo compartido» a un nuevo régimen de «producción compartida». Y, sobre todo, que decrete un impuesto no deducible de 32%, que se suma a las actuales regalías de 18% para llevar a 50% la carga fiscal total, algo considerado «confiscatorio».
Pero, llamativamente, esto tampoco es enarbolado como un triunfo por la izquierda de Evo Morales. La agencia «Bolpress» explica por qué, basándose en la letra chica de la nueva ley.
«La Cámara de Diputados había propuesto la abrogación de la Ley 1.731, que permite a las empresas recuperar parte de los impuestos que pagan al Estado a través de los Certificados de Devolución Impositiva (Cademis). En el texto final no se abroga dicha ley.» Así -explica-, en opinión de la izquierda, «no se está garantizando que el Estado reciba 50% de los recursos».
Además -continúa «Bolpress»-, con las modificaciones introducidas por el Senado, ya no se establece que YPFB opere en toda la cadena y sólo se la considera un jugador más del mercado. También irrita a la izquierda que, al no declararse la caducidad de los contratos vigentes, implícitamente se los avale, obligando a su renegociación, pero evitando su caída directa.
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