El contenido económico del XVI congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) aparece como una continuidad de los anteriores XIV y XV. La novedad estriba en el enfoque que se ha dado a la privatización de la economía. Para comprender el significado de esta iniciativa es necesario recurrir en breve a la dinámica de estos últimos diez años. El XIV congreso (setiembre de 1993) cambió de estrategia en la reforma económica: China no podía convertirse en una economía de mercado hasta que no se cambiara la base estructural de ésta. El objetivo era poner fin la «reforma gradual» («zengliang gaige») y establecer una «economía socialista de mercado» («shehui shichang jingji»). La prioridad se centró en reformar el sistema fiscal, la banca, las empresas públicas y establecer un nuevo sistema de seguridad social.
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El XV congreso (setiembre 1997) fue un complemento a dicha estrategia reformista: haciendo uso del diseño general de la reforma, se impuso el desarrollo conjunto de las diferentes formas de propiedad empresarial existentes (estatal, colectiva, no estatal). Esta iniciativa se vio reflejada dos años más tarde, en 1999, con una enmienda a la Constitución, en la que se reconoció oficialmente la existencia de un sector no estatal productivo encaminado a reforzar la economía del país. No se podía hablar entonces abiertamente de un sector «privado», por estar excesivamente asociado al temido «capitalismo». En cualquier caso, el sector no estatal se convirtió en un componente fundamental de la economía socialista de mercado. La cuestión era cómo combinar el sector estatal con el no estatal.
El anterior presidente, Deng Xiaoping, ya había diseñado las tres condiciones básicas para el buen funcionamiento de las empresas y, por ende, del resto de la economía: un aumento en la productividad, una creciente fortaleza nacional y una mejora en los niveles de vida. El actual presidente, Jiang Zemin, confirmaría más adelante esta idea con las siguientes palabras: «Siempre y cuando las nuevas formas de propiedad empresarial sigan estos tres preceptos, serán aceptadas». Es decir, la propiedad empresarial no es lo que importa, siempre y cuando contribuya al crecimiento económico. O como se bromea entre la población, con tal de que el sector estatal contribuya a 30 por ciento del PBI, la privatización de la economía podrá realizarse sin demasiados obstáculos.
El XVI congreso del PCCh, que concluyó ayer, es el primero de este siglo. Más allá del simbolismo cronológico, lo que importa es que la China de hoy no es la misma que la de 1993 o 1997: desde diciembre de 2001 China se ha convertido en el socio 143 de la Organización Mundial del Comercio; Pekín ha sido elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2008; el PCCh ha integrado entre sus filas a nuevos «estratos sociales», en concreto, a los denominados «capitalistas» (empresarios). En otras palabras, China no sólo es parte integrante de la dinámica internacional, sino que la propia estructura interna se configura según las prioridades de una economía pujante.
En el discurso de apertura, Zemin puso especial énfasis en la modernización del partido. Para ello, quiere contar con los empresarios del sector privado. Esta iniciativa puede entreverse como una moneda con dos caras complementarias: por un lado, al ser miembros activos del PCCh, los empresarios tienen más influencia en el ámbito político, lo que a largo plazo podría beneficiar al crecimiento económico del país; por otro lado, obtener el apoyo expreso de los empresarios equivale a proteger a las autoridades del PCCh, en particular a Zemin. Viéndolo con esta doble perspectiva, resulta más fácil comprender la contradicción inherente en el mantenimiento de los principios del marxismo-leninismo mientras se privatiza (y se abre) la economía.
• Objetivos
Dentro de esta dinámica, y en paralelo con la prioridad privatizadora, los objetivos económicos de los próximos años se centran en establecer un sistema de bienestar social; reducir las disparidades entre el campo y la ciudad; permitir a la banca comercial una libre fluctuación de los tipos de interés e incentivar a los empresarios chinos a que inviertan en otros mercados, dando así un mayor empuje al comercio internacional.
Al gozar China de una economía relativamente estable y de una creciente legitimidad internacional, las perspectivas económicas son positivas a largo plazo.
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