Rio de Janeiro (AFP) - El escándalo Waldomiro Diniz, que salpica al gobierno Lula, descubre el creciente papel de la mafia del juego clandestino en el financiamiento y la corrupción de los medios políticos brasileños. Estalló el viernes pasado con la publicación por la revista «Epoca» de un video mostrando una conversación entre Diniz, asesor del ministro jefe de la Casa Civil, José Dirceu, número dos del gobierno de Lula, y un capo de la lotería clandestina, Carlinhos Cachoeira. En la conversación, se negocian coimas y Diniz pide dinero para financiar campañas políticas en 2002, incluidas las de dos candidatos a gobernador por el Partido de los Trabajadores (PT-izquierda). «Lo más sorprendente es que el crimen organizado haya llegado a la antesala del presidente de la República. Incluso bajo el gobierno de Fernando Collor ( destituido por corrupción en 1992), la mafia no había llegado tan cerca del poder», declaró la diputada federal y jueza, Denise Frossard, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, oposición) que denunció el escándalo.
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La versión de «Epoca», sin embargo, no era una primicia. El influyente semanario «Isto E» ya había denunciado en julio pasado los vínculos entre Diniz, el subjefe de asuntos parlamentarios de la presidencia de la República, y los hermanos Alejandro y Johnny Ortiz, presentados como representantes de un mafioso italiano en el juego clandestino en Brasil. Los hermanos Ortiz son propietarios de más de 30.000 máquinas tragamonedas en Brasil, que les rinden unos 50 millones de dólares por día, según una investigación de la policía federal citada por «Isto E». También representaban al mafioso italiano Lillo Lauricella, quien introdujo las máquinas tragamonedas en Brasil y fue asesinado en Caracas en 2003.
Fue en 1993 cuando se descubrió que los capos de la mafia del juego clandestino dominaban regiones enteras de Brasil. Catorce « bicheiros», capos del juego clandestino y benefactores de las escolas de samba fueron condenados por «asociación para delinquir» por la jueza Denise Frossard. El juicio demostró que formaban una empresa, centrada en el estado de Rio de Janeiro, donde según la jueza habían « capturado» al Poder Judicial, a la asamblea legislativa y al Poder Ejecutivo. Las denuncias resurgen ahora, en momentos en que el gobierno de Lula presenta un proyecto de ley para intentar legalizar las casas de bingo, que se han multiplicado en todas las ciudades del país, e inclusive crear una nueva lotería, cuyos recursos estarían destinados a los clubes de fútbol y al Ministerio de Deportes. Diniz participaba en las negociaciones sobre la legalización del bingo y, según el senador de oposición Antero Paes de Barros (PSDB de Mato Grosso), que recibió anónimamente el video, el escándalo estalló porque alguien no respetó el contrato entre las dos partes. Un mafioso que se sintió estafado decidió vengarse.
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