Malvinas, un enredo permanente para el Gobierno

(ARCHIVO). El vicecanciller Carlos Foradori entregó una nota al embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, "con una formal y enérgica protesta ante los mencionados ejercicios militares, exigiéndole que se abstenga de realizarlos, a la vez que pondrá en conocimiento de la situación al secretario general de las Naciones Unidas".

Cuando Mauricio Macri asumió el poder el 10 de diciembre último, el conflicto por las islas Malvinas estaba tan dentro y tan fuera de la agenda como siempre. Adentro, porque la reivindicación de su soberanía está grabada a fuego en la conciencia colectiva; afuera, porque la realidad indica que se trata de un problema para el que hoy no se encuentra una contraparte dispuesta a dialogar.

Acaso por un convencimiento más ideológico que derivado de un cálculo racional, acaso por esa agotadora manía de medir todo con la vara del pasado político reciente, que parece obligarnos cada día a actuar de modo opuesto, fue el propio Gobierno el que reintrodujo la cuestión en el centro de la agenda nacional, con mucho más para perder que para ganar.

Las curiosas idas y vueltas entre el Presidente y su canciller, Susana Malcorra, acerca de si la primera ministra Theresa May había aceptado o no hablar de soberanía son el ejemplo más palpable (aunque banal) de esa torpeza para instalar un tema en el que no hay ganancias políticas posibles. Pero hubo otro hecho, más importante y profundo en sus implicancias: la firma el 13 de septiembre del Comunicado Conjunto con el Reino Unido que se hace más inexplicable cada día que pasa.

El mismo, recordemos, obligó al vicecanciller, Carlos Foradori, y a la propia Malcorra a dar explicaciones en el Congreso, no solo ante los reclamos de la oposición sino, principalmente, ante legisladores del propio oficialismo.

La percepción de aquel comunicado era que consideraba todos y cada uno de los puntos de interés para del Reino Unido y de los isleños, con muy poco, o acaso nada, a cambio.

Los previstos mecanismos de consulta política, la declaración del deseo de combatir la corrupción y el crimen organizado y las promesas de cooperación económica y cultural son formalidades que, aunque valiosas, no superan el nivel de lo obvio.

En cambio, sí resulta crucial el acuerdo expresado en el texto de "adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos"; de establecer "conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países (con) dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección"; y, sobre todo, el congelamiento sine die de cualquier diálogo sobre la soberanía.

Para la Argentina nobleza obliga, debe considerarse el compromiso de avanzar en "el proceso de identificación de ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin".

El apoyo caluroso que dio a la novedad la Asamblea Legislativa de las islas exime de mayores evaluaciones.

Ayer, el Reino Unido dio su respuesta a esos desmesurados gestos de buena voluntad al anunciar la realización de ejercicios militares en la zona desde el 19 al 28 de octubre, que incluirán el lanzamiento de misiles Rapier.

Va de suyo que dichos ejercicios toman como hipótesis única de conflicto a nuestro país, el mismo que dio tanto a cambio de tan poco. La respuesta tal vez termine de despertar algún grado de conciencia respecto de que ser un socio confiable y un actor racional, pacífico y dialoguista de la política internacional no pasa por resignar de ese modo el interés nacional.

Un punto que desde el comienzo llamó la atención por su omisión en el Comunicado Conjunto fue el de la necesidad de desmilitarizar el Atlántico Sur. Si la Argentina no es en los hechos ninguna amenaza bélica para los británicos que viven en Malvinas, las concesiones de dicho acuerdo de principios terminaron de ratificarlo. Un compromiso de cuando menos negociar la cuestión debió ser una exigencia nacional en un texto tan generoso. No lo fue y hoy se observa la consecuencia.

Malvinas es una causa justa y sentida para los argentinos, por lo que no vale jugar con ella ni hacer demagogia. Solo por eso en esta columna solamente se mencionarán, sin abundar, los sacrificios hechos en esos territorios por cientos de jóvenes compatriotas.

Digamos sí, en ese sentido, que el objetivo de recuperar la soberanía probablemente esté fuera del alcance argentino por el tiempo previsible. Digamos también que eso no obsta que se puedan negociar otros aspectos de la relación con el Reino Unido. Claro, dejando siempre expresa la posición nacional de salvaguardar sus derechos territoriales y marítimos y el abuso que supone la explotación de recursos naturales en la zona. Hay conflictos que no se pueden resolver, al menos en el corto plazo. ¿Por qué fingir lo contrario, por qué renunciar a sostenerlo entonces?

Negociar es bueno, pero no implica entregar todo a cambio de nada. No es insistir en fallidas políticas de seducción, no es actuar como si no hubiera un conflicto en la relación bilateral, no es quitarles incentivos a nuestros vecinos para que colaboren con medidas efectivas en auxilio de nuestra causa.

En una mala cita del principio de Pareto, Malcorra justificó su política al señalar que si en la relación existe "un 20 por ciento de desacuerdos", se trabajar en el 80 por ciento que resta para buscar consensos. Uno, eso no es para nada lo que el economista italiano dijo; dos, Malvinas no es, para la Argentina, "el veinte por ciento" de la relación con Londres.

"La formal y enérgica protesta" presentada por Foradori al embajador británico es la admisión más evidente del error de la política emprendida.