Más expropiaciones y acoso a la prensa en Venezuela

Hugo Chávez profundiza día a día su giro al socialismo de tipo castrista, llevando a la práctica su curiosa visión del futuro de Venezuela.

Caracas (AFP, EFE, ANSA, Reuters, LF) - El gobierno venezolano continuó ayer con su controvertida política de expropiación de tierras, mientras que un allanamiento al semanario «La Razón» fue duramente criticado por el Bloque de Prensa Venezolano (BPV), que agrupa a dueños de los medios de difusión por considerarlo una «nueva demostración» de violencia e intimidación del gobierno de Hugo Chávez.

La organización aseguró que el gobierno está preocupado por los medios de comunicación que divulgan «denuncias sobre corrupción, violación a los derechos humanos y a la propiedad privada».

El vicepresidente José Vicente Rangel negó el martes que el gobierno presione a los medios independientes. «Esa fue una actuación estrictamente judicial. Es una acción que tiene respaldo legal», señaló con respecto al allanamiento del semanario.

Funcionarios de la policía de investigación CICPC buscaban datos del periodista Luis Felipe Colina, que mantiene una columna en el semanario. Omar Estacio, abogado de «La Razón», aseguró que el allanamiento sirvió de «excusa» para tener datos sobre Colina, a quien -dijo- se le sigue un proceso judicial por difamación.

Rangel negó que el proceso contra Colina parta de unas denuncias que formuló contra el ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, y su persona.

Siguiendo con su rutina, el gobierno anunció la intervención en otras 20 grandes fincas privadas para antes de fin de año, además de las 17 ya intervenidas en los últimos meses, en el marco de su prometida «guerra contra el latifundio».

El presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Richard Vivas, explicó -citado por el diario «El Nacional»- que su gobierno inspeccionó más de 5 millones de hectáreas, de las cuales 3,6 millones «están ociosas y califican como latifundios» por las grandes extensiones de tierras concentradas en pocas personas.

El funcionario sostuvo que Venezuela cuenta con 30,1 millones de hectáreas con «vocación agrícola» que deben ser regularizadas para destinarlas a un plan de autosuficiencia alimentaria en un país que importa más de la mitad de lo que consume. El estado exige a los grandes propietario presentar documentación sobre la titularidad de sus tierras desde 1821 y, según el gobierno, casi ninguno logró probar la legalidad histórica de sus posesiones.

Los campos intervenidos están en fase de inspección y estudios por parte de técnicos del organismo, mientras los propietarios intentan demostrar que sus títulos son legales. El gobierno sostiene que las tierras confiscadas serán entregadas a campesinos, a los que también ofrece tecnología, créditos y capacitación técnica para la producción.

• Encuesta

Los propietarios de las tierras acusan al gobierno de violar la propiedad privada para encaminar el país hacia un régimen de tipo castrista.

En tanto, según una encuestadifundida ayer, Chávez ganaría con 54% de los votos si las elecciones presidenciales del próximo año se celebraran hoy. El dato no sorprende debido al fuerte clientelismo que hace el gobierno gracias a los ingresos extaordinarios del petróleo. Además, aunque se detectó una merma del llamado «chavismo duro».

Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, que consultó a 1.300 personas para un sondeo que arrojó un margen de error de 2,7%, dijo que si bien 70% admitió que aprueba la gestión del gobernante, la confianza en él es mucho menor.

León aseguró que el denominado «chavismo duro» perdió diez puntos entre junio y julio pasados y llegó a 37%.