Brasilia (AFP, ANSA) - El gobierno brasileño lanzó ayer el libro «Derecho a la Memoria y a la Verdad», fruto de 11 años de trabajo de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, en el que reconoce por primera vez la responsabilidad del Estado en los crímenes del último gobierno de facto. Su publicación generó un fuerte malestar en la cúpula militar, que expresó su «amargura».
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Marco Antonio Barbosa Rodrigues, presidente de la comisión, declaró que la presentación del documento que se realizó ayer y que contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es un «hecho que marca el compromiso del Estado democrático brasileño con la reparación de los crímenes cometidos en el país».
«Se trata de una obra de importancia histórica, que busca la verdad sin sed de venganza. Es un trabajo elaborado por un grupo de personas que representan al gobierno, la sociedad civil, el Parlamento y otras instancias,incluso a las fuerzas armadas», dijo. «Estamos iniciando una tarea que ya se hizo hace buen tiempo en otros países que también sufrieron regímenes de excepción, como Chile o la Argentina», comparó.
Barbosa Rodrigues lamentó que «las fuerzas armadas no hayan prestado una colaboración más comprometida con el éxito de este trabajo». «Habría sido de gran utilidad poder acceder a los archivos militares y de otros organismos, que aún se amparan en el principio del 'secreto perpetuo'», dijo, «un obstáculo que no tiene razón de ser.»
Las sospechas de que aún existen archivos sobre acciones represivas en poder de los militares se incrementaron el mes pasado cuando la prensa reveló 8.000 documentos secretos sobre una red de espionaje internacional que funcionó a partir de 1966 para capturar opositores en el exterior. El libro « Derecho a la Memoria y la Verdad» relata 475 casos de muertos y desaparecidos durante el régimen militar que gobernó entre 1964 y 1985. Militares en actividad dierona conocer su malestar a la prensa, porque consideran que reabre un tema cerrado con la Ley de Amnistía sancionada en agosto de 1979, durante el mandato del general Joao Baptista Figueiredo.
Procesados
El conflicto surgió en momentos en que Lula sufre un duro revés por la decisión del Tribunal Supremo de procesar a 40 ex funcionarios y dirigentes, muchos de ellos de su entorno íntimo, envueltos en una compleja red de corrupción.
El general en retiro Luiz Gonzaga Lessa, ex presidente del Club Militar, institución que suele expresar de modo oficioso la opinión de los jefes castrenses, dijo que impera un clima de «amargura» entre los militares en actividad y retirados.
A su entender, la publicación «no construye nada, no mira hacia delante» y alimenta «más odio entre los brasileños». Los dichos de Gonzaga Lessa se suman a declaraciones de militares en actividad, formuladas sin revelar sus identidades, que fueron publicadas recientemente en la prensa local.
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