Morales decretó la incautación de bienes para secesionistas

Evo Morales.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aprobó un decreto que permite incautar el patrimonio de los implicados directa o indirectamente en casos de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la unidad del país.

El decreto, aprobado en el Consejo de Ministros en su habitual reunión de los miércoles, señala que todas las actividades que atenten contra la unidad y la integridad de Bolivia deben ser condenadas con máximas sanciones como una traición a la patria.

Al inaugurar un foro contra la corrupción, Morales dijo de forma escueta que el decreto busca sancionar a las personas, entre ellas a empresarios, que se comprometan con el apoyo económico a grupos separatistas o armados.

El decreto fue presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, quienes invocaron normas internacionales y nacionales contra el terrorismo para justificar la decisión.

En Bolivia ya existen normas de alcance similar para casos de narcotráfico y delitos de contrabando, recordaron estos funcionarios.

La nueva norma establece que la Fiscalía y otras autoridades judiciales tendrán la jurisdicción para procesar los delitos cometidos contra la seguridad del Estado en todo el país, puesto que en esta ciudad residen los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La incautación se aplicará sobre el patrimonio, los bienes o los fondos en bancos de personas que se hayan vinculado directa o indirectamente con los grupos terroristas, sediciosos o con el alzamiento armado contra la seguridad estatal.

La Fiscalía y después un juez de instrucción cautelar serán quienes determinen la responsabilidad de los acusados en esos delitos y la incautación de sus bienes.

Si en el juicio los acusados son condenados, su patrimonio incautado pasará a ser considerado como confiscado por el Estado, sin derecho a indemnización alguna, explicó.

El decreto es consecuencia del descubrimiento sobre las operaciones de una supuesta banda terrorista internacional, formada por extranjeros, que pretendían organizar milicias para respaldar la separación de la región de Santa Cruz.

El 16 de abril, la policía desarticuló el grupo que, además, según la Fiscalía, organizó varios atentados en el país y pretendía matar al presidente Morales.

La Fiscalía señaló que existen indicios de que empresarios y autoridades políticas opositoras de la región de Santa Cruz se comprometieron con ayudas a ese grupo irregular como efecto de la disputa que tienen contra el Gobierno.

Muchos de los aludidos serán citados a declarar por la Fiscalía y una comisión de la Cámara de Diputados para que aclaren la supuesta relación con el grupo liderado por el croata boliviano Eduardo Rozsa, abatido por la policía junto a dos de sus compañeros el pasado 16 de abril en un hotel de Santa Cruz.