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Familiares de las víctimas marchan contra fallo de la Justicia
El tribunal, integrado por los jueces Arnaldo Martínez Prieto, Miryam Peña y Vicente Cárdenas, dejó sin efecto la condena de 12 años de cárcel impuesta a Juan Pío Paiva, dueño del centro comercial.
También anuló las condenas de 10 años a Víctor Paiva, hijo del propietario; de cinco años al guardia del local, Daniel Areco, y de dos años y seis meses al accionista de la empresa Humberto Casaccia.
A los supervivientes y familiares de las víctimas de esa tragedia les resta un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, dijeron fuentes judiciales.
"Con el recurso de casación podemos (pedir) la nulidad de esta resolución dictada hoy", afirmó el fiscal de la causa, Edgar Sánchez.
Un tribunal de primera instancia, integrado por los jueces Germán Torres, Blas Cabriza y Bibiana Benítez, había declarado culpables a los principales procesados por homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa.
Esa sentencia precisó que la condena era por la muerte de 327 personas y las heridas provocadas a 249, aunque la Fiscalía había denunciado 364 víctimas fatales y 268 lesionados.
El juicio se celebró tras haber sido anulado otro llevado a cabo en diciembre de 2005 por la reacción violenta de los sobrevivientes y familiares ante las condenas menores impuestas entonces.
"Hay que cancelar la causa y otorgar el sobreseimiento de los acusados porque existiría un triple juzgamiento. Por lo tanto se debe sobreseer" a los condenados, señala el dictamen de los jueces de apelación.
Los manifestantes denunciaron la detención de al menos dos personas, que posteriormente fueron liberadas, en incidentes con la policía y el ministro del Interior, Rafael Filizzola, acudió personalmente al lugar para pedir calma y expresar su solidaridad a las víctimas.
"El presidente (Fernando Lugo) está muy indignado por este fallo. La Policía tiene instrucciones precisas de no recurrir a la violencia. Tiene que resguardar, pero no reprimir", aseveró Filizzola.
Lugo designó como ministra de la Secretaría de la Niñez y la Infancia a Liz Torres, una superviviente con experiencia en tareas con niños en situación de riesgo y que lideraba una de las agrupaciones surgidas después de la tragedia para hacer un frente común ante la justicia.
El Ycuá Bolaños, situado en un barrio de la periferia de Asunción y que estaba repleto de clientes el domingo 1 de agosto de 2004, fue devastado por el fuego que se originó en la parrilla de un restaurante del segundo piso del edificio.
La Fiscalía argumentó en el juicio que las puertas del local fueron cerradas por orden de los dueños cuando comenzó el fuego para evitar actos de vandalismo o que los clientes se retirasen sin pagar.
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