"Paraíso" socialista en la ruta del opio

Rangún - Los 14 estados que componen la Unión de Myanmar, antigua Birmania, no han podido escapar de la dictadura castrense que ha regido sus destinos desde 1962, a pesar de que en 1990 la Liga Nacional por la Democracia (LND) logró el respaldo mayoritario en unas elecciones legislativas cuyos resultados quedaron en una simple anécdota. Porque los militares, derrotados democráticamente en las urnas, nunca 'soltaron' el poder.

La represión contra cualquier vestigio de oposición ahoga al país más grande del sudeste asiático, que junto a Laos y Tailandia conforma el llamado 'triángulo de oro' del cultivo mundial de opio y fabricación de heroína blanca.

Trabajos forzados

Además, Birmania es también escenario de la violación sistemática de los derechos de los grupos étnicos minoritarios. Miles de civiles son 'reclutados' por el ejército para realizar trabajos forzosos en plantaciones, en la construcción de carreteras o para servir de portadores o mensajeros, según denuncia desde hace varios años la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aung San Suu Kyi es la cabeza visible de la oposición al régimen mianma desde finales de los 80, cuando los birmanos despertaron del 'letargo' mantenido durante los 26 años de dictadura del general Ne Win y su partido único, el omnipresente BSPP (Partido Birmano del Programa Socialista). Casi tres décadas después del golpe de Estado de 1962, la política de nacionalizaciones y aislamiento de la «vía birmana al socialismo» de Ne Win había convertido a uno de los países más ricos y prósperos de Asia en uno de los más pobres del mundo. La insostenible situación económica fue el detonante de las protestas pro democráticas que en marzo de 1998 empezaron a brotar de las universidades.

La dimisión de Ne Win, en julio, y la designación de su sucesor -uno de los máximos responsables del aparato represivo del régimen- avivaron aun más la revuelta. Las actuaciones del ejército para aplastar la rebelión dejaron una fecha dramática para la Historia: el 8 de agosto de 1988 centenares de estudiantes murieron víctimas de la brutal represión contra los manifestantes en las calles de Rangún.

La necesidad de frenar la fiebre revolucionaria llevó a los militares a anunciar la celebración de elecciones libres. Pero el régimen no esperaba una derrota en las urnas. Aunque la LND logró 396 de los 485 escaños del Parlamento, los militares se aferraron al poder y se negaron a transferir el gobierno hasta que se redactara una nueva Constitución, siempre bajo su aprobación. Los diputados electos de la LND constituyeron un gobierno en el exilio.

Premio Nobel

El resto del mundo empezó a tomar conciencia de lo que ocurría en Birmania cuando Suu Kyi recibió, en 1991, el Nobel de la Paz. Para entonces, la hija del general Aung San, popular héroe de la independencia birmana, llevaba dos años bajo un arresto domiciliario que aun duraría hasta julio de 1995. Vigilada siempre de cerca por el régimen -que durante años ha intentado forzar su exilio voluntario-, volvería a estar detenida entre setiembre de 2000 y junio de 2002. Entonces, al igual que tras su primera liberación, surgieron nuevas esperanzas de avanzar en el diálogo para la reconciliación nacional. Pero la realidad es que nada ha cambiado en Birmania.

La represión política continúa a la orden del día y, en mayo de 2003, Suu Kyi fue detenida de nuevo y retenida en prisión durante más de tres meses. En setiembre de 2003, la líder opositora comenzó una nueva etapa de arresto domiciliario -prolongado hasta hoy a pesar de las presiones de la comunidad internacional-. En su prisión particular, el 19 de junio de 2007 Suu Kyi celebró su 62 cumpleaños.

El 20 de mayo de 2006, las autoridades birmanas permitieron el primer contacto internacional en tres años con la líder opositora, que se entrevistó con un enviado especial de Naciones Unidas.

Los birmanos logran que el mundo vuelva a fijarse en ellos en setiembre de 2007: miles de monjes budistas salen a la calle contra la junta militar. Lo que empezó como una protesta de trabajadores y estudiantes contra la suba del precio del petróleo se ha convertido en el grito desesperado de un país sometido a un gobierno ilegal y represivo que dura ya cuatro décadas y media.