Washington - Un equipo de abogados gubernamentales concluyó, en un memorándum legal fechado en marzo de 2003, que el presidente George W. Bush no estaba sujeto a un tratado internacional que prohíbe la tortura ni por una ley federal contra esa práctica, debido a que tiene la autoridad como comandante en jefe de aprobar cualquier técnica necesaria para proteger la seguridad de la nación.
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El documento, elaborado para el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, agregó que cualquier funcionario de la rama ejecutiva, incluso aquellos en las fuerzas armadas, puede ser inmune a prohibiciones nacionales e internacionales contra la tortura por diversas razones. Una de ellas sería, según los abogados, si el personal militar creía actuar por órdenes superiores, « excepto cuando la conducta llega al grado de ser claramente ilegal».
«Con el fin de respetar la autoridadconstitucional inherente al presidente para dirigir una campaña militar», escribieron los abogados en el memorándum confidencial de 56 páginas, la prohibición contra la tortura «debe ser interpretada como inaplicable para el interrogatorio emprendido siguiendo su autoridad de comandante en jefe».
El lunes, altas fuentes del Pentágono intentaron restar importancia al significado del memorándum de marzo, uno de varios obtenidos por «The New York Times», como un análisis legal interino que no tenía efecto en procedimientos de interrogatorio revisados aprobados por Rumsfeld en abril pasado, para la prisión militar estadounidense en Bahía de Guantánamo, en Cuba. •Tratados
«El documento de abril se refirió a técnicas y procedimientos de interrogatorio», afirmó Lawrence Di Rita, principal portavoz del Pentágono. «No fue un análisis legal.»
Di Rita señaló que los 24 procedimientos de interrogatorio permitidos en Guantánamo, de los cuales cuatro requerían de la aprobación expresa de Rumsfeld, no constituyen una tortura y son consistentes con los tratados internacionales. El documento de marzo, que fue informado el lunes por «The Wall Street Journal», es el más reciente estudio legal interno revelado al público, que demuestra que los abogados del gobierno comenzaron a trabajar después de los ataques del 11 de setiembre para encontrar argumentos legales para evitar las restricciones impuestas por las leyes estadounidenses e internacionales.
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