Emergente del interior y sin lazos con el establishment

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Lima - El izquierdista Pedro Castillo, un maestro de escuela rural que salió del anonimato hace cuatro años al liderar una huelga del magisterio y asumió ayer como presidente de Perú, es el primero sin lazos con las élites política, económica y cultural.

“No más pobres en un país rico”, repitió como mantra en su campaña el abanderado de Perú Libre, un minoritario partido que se define como marxista leninista.

Nació en Puña, un pueblo del distrito de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde es maestro de una escuela rural desde hace 24 años. Es el tercero de nueve hermanos y sus padres son campesinos analfabetos.

A sus 51 años, Castillo es “el primer presidente pobre del Perú”, según definió el analista Hugo Otero.

Casado con Lilia Paredes, tienen tres hijos: Arnol, de 16, Alondra, de seis, y Jennifer, de 23, quien es adoptada. Su esposa es evangélica, pero él es católico y en el patio de su casa hay un cuadro de Jesús rodeado de ovejas con la leyenda en inglés “Jehova is my shepherd” (Jehová es mi pastor).

Acostumbra citar pasajes bíblicos cuando apela a su moral conservadora para justificar su rechazo al aborto, al matrimonio homosexual y a la eutanasia.

“Nos sentimos orgullosos que mi hermano haya llegado hasta esta altura, siendo un hombre humilde”, dijo Amelia Castillo, la hermana menor del nuevo presidente, de 34 años.

Junto a su casa de ladrillos de dos pisos en el caserío cajamarquino de Chugur, Castillo tiene una chacra de una hectárea donde la familia cultiva maíz, camote y hortalizas, y cría gallinas y vacas.

Con sombrero blanco de copa alta típico de Cajamarca, recorrió Perú, incluso a caballo, para conseguir votos. De niño debía caminar varios kilómetros para ir a la escuela.

Cajamarca es una región histórica: fue la tumba del imperio incaico y es, para algunos, una de las cunas del catolicismo en el país. En la plaza principal de la ciudad los españoles ejecutaron en 1533 al último emperador inca, Atahualpa, acusándolo de blasfemia por haber arrojado la Biblia al suelo.

En campaña, Castillo prometió “cambios, no parches o reformas”.

Su propuesta electoral se basó en una tríada: salud, educación y agricultura, los sectores prioritarios para impulsar el desarrollo nacional.

Prometió un millón de empleos en un año y niega que pretenda hacer expropiaciones o confiscar los fondos de pensiones de los trabajadores, como aseguran sus críticos.

También ha prometido convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna en reemplazo de la actual, promulgada en 1993 por el presidente Alberto Fujimori, que privilegia la economía de libre mercado.

Castillo también dijo que expulsará a los extranjeros que cometan delitos, en tácita alusión a los migrantes venezolanos que llegaron desde 2017 y superan el millón.

Con el fin de combatir la inseguridad plantea restablecer la pena de muerte.

La huelga nacional del magisterio de 2017, que el nuevo mandatario encabezó, se prolongó unos 80 días en demanda de un aumento salarial y la eliminación de un cuestionado sistema de evaluación de los docentes.

En un intento por deslegitimar la medida, el ministro del Interior de entonces, Carlos Basombrío, dijo que los líderes del magisterio estaban ligados al Movadef, brazo político de la derrotada guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, grupo ilegal considerado “terrorista” en Perú.

“Rechazo categóricamente las denuncias”, replicó entonces Castillo, quien había integrado en Cajamarca las “rondas campesinas” armadas que resistían las incursiones de Sendero durante los duros días del conflicto interno (1980-2000).

Agencia AFP

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