El presidente destituido de Perú, Pedro Castillo, apeló este viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras la Justicia analiza el pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva en su contra.
Pedro Castillo pidió la intervención de la OEA contra su prisión preventiva
El destituido presidente de Perú podría pasar al menos 18 meses en prisión. Reclamó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trate su caso.
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Pedro Castillo, presidente destituido de Perú.
En una nueva carta enviada desde la cárcel donde descuenta un arresto preliminar de siete días por rebelión e intento de golpe de Estado, Castillo sostiene que "el abuso, la humillación y el maltrato continúan. Hoy volvieron a amenazar mi libertad con un pedido de 18 meses de prisión preventiva".
Hago un llamamiento, dice finalmente, "a la Comisión interamericana de derechos humanos para que interceda por mis derechos y los de mis hermanos peruanos que piden justicia".
Situación
La audiencia para examinar el pedido del fiscal general, Uriel Terán, al Tribunal para las investigaciones preliminares fue postergada a mañana para permitir a un nuevo abogado defensor de Castillo adquirir todos los documentos del proceso en curso.
Por parte,Castillo agradeció la postura de Argentina, Colombia, México y Bolivia a favor de su retorno al cargo, denunció que se le prohibió la salida del país hacia Bogotá y Ciudad de México y cuestionó las actitudes del "sector golpista, hambreador y explotador".
Castillo expresó su agradecimiento "en nombre de los miles de hermanos peruanos que se han volcado a las calles y pernoctan allí, en nombre de los niños, jóvenes, amas de casa, campesinos, comunidades campesinas, frentes de defensa, comerciantes, transportistas, ambulantes, pescadores artesanales, mineros, pueblos jóvenes, artesanos, agricultores, maestros y clase obrera".
Nombró, y arrobó las cuentas oficiales de la red Twitter, a los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro; de México, Andrés López Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y de Argentina, Alberto Fernández.
De los cuatro celebró su "identificación y solidaridad" con el pueblo peruano y el "legítimo Gobierno".
Pronunciamiento
Bogotá, Buenos Aires, La Paz y Ciudad de México se pronunciaron por el respeto a "la voluntad ciudadana" en Perú y exhortaron a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", en un comunicado conjunto que, de hecho, pedía la vuelta de Castillo al Palacio de Pizarro.
"Como se sabe, fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos postergados por más de 200 años. Desde que asumí mi mandato, no dejaron ni un minuto en rechazar tal decisión del pueblo", advirtió el exmandatario, detenido desde el miércoles pasado.
Castillo denunció que sufrió "actitudes nefastas" como negarle el permiso para "salir a los hermanos países de Colombia y México".
"En este contexto difícil, el sector golpista, explotador y hambreador, hoy quieren callar a mi pueblo con el negro papel de la prensa, la que acaba de recibir 1.800 millones de soles para silenciar la masacre y la crisis en todo el Perú", escribió el expresidente, igual que ayer, en mensajes manuscritos luego subidos a Twitter con la foto de la hoja cuadriculada.
Castillo contó que esa misma suma, 1.800 millones de soles (casi 470 millones de dólares) es la que su administración había destinado "para la Segunda Reforme Agraria, así como para el bono navideño a la Policía y el Magisterio Nacional", por lo que expresó que "urge recuperar ese beneficio".
Finalmente, renovó su "gratitud a los hermanos presidentes de Colombia, México, Bolivia y Argentina", a quienes reiteró que no renunciará al cargo, del que, en verdad, fue sacado por el Congreso.
"Nos mantendremos firmes y no renunciaremos ni abandonaremos la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano", concluyó Castillo, que volvió a firmar como "Presidente Constitucional del Perú".
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