Pese a duras críticas de grupos feministas, España restringió las posibilidades de abortar

La reforma es vivamente criticada por la oposición y grupos feministas.

El gobierno español aprobó una reforma de la ley del aborto, vivamente criticada por la oposición y grupos feministas, que restringe este derecho a los casos de peligro para la salud física o psíquica de la madre y de violación.

El aborto se autorizará cuando "sea necesario por existir grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer" y que "el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad sexual de la mujer", explicó este viernes el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, tras el semanal consejo de ministros.

En el primer caso será necesario un "informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad de la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer. Médicos que habrán que ser distintos de aquel que practica o dirige el aborto y que no trabajen en el mismo centro donde el aborto se debe producir", añadió el ministro al presentar el anteproyecto de ley aprobado este viernes.

El cambio legislativo supone una vuelta a la ley de supuestos como la de 1985, que el gobierno socialista reformó en 2010 para permitir el aborto libre en las 14 primeras semanas de embarazo y hasta las 22 en caso de malformación del feto o peligro para la vida de la madre.

No obstante, se elimina la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto, algo que permitía la ley de 1985, subsumiéndola en los casos de riesgos para la madre.

"Si el peligro para la salud psíquica de la madre tuviese su origen en el hecho de que el embrión padezca una anomalía fetal incompatible con la vida entonces se precisa el informe de un médico sobre la madre, es decir, sobre el riesgo de un daño psíquico para la mujer más otro informe sobre el feto de tal forma que quede probada esa anomalía", explicó Gallardón.

La nueva legislación también obliga a contar con una autorización de los padres en caso de que una menor quiera abortar y como una de las principales novedades, la mujer ya no podrá ser penalizada por abortar.

Esta reforma ha suscitado vivas críticas por parte de la oposición y de grupos feministas y en favor del derecho a decidir.

La vicesecretaria general del Partido Socialista (PSOE), Elena Valenciano, convocó un comité de urgencia de la dirección de esa formación para este mismo viernes y llamó a "no desandar 30 años" y a "no a resignarse" ni dejarse intimidar por la ofensiva conservadora.

La dirigente acusó a Rajoy de haber "cedido" al "ala dura de su partido y a la Conferencia Episcopal".

El presidente de la Federación de Planificación Familiar, Luis Enrique Sánchez, definió la reforma como "una vuelta a una situación como en los años 80, de mujeres españolas que van a Inglaterra y Francia" para abortar si tienen el poder adquisitivo suficiente.

El resto "irá a algún sitio clandestino", advirtió Salim Chami, ginecólogo de la clínica madrileña Isadora.

Sin embargo, la sociedad española parece divida en esta cuestión, ya que según un sondeo de Metroscopia publicado en mayo por el diario El País, un 46% de los españoles defendían la ley de 2010 y un 41% eran partidarios de restringir el aborto.

"Celebramos que por fin hayan decidido acabar con el aborto como derecho, lo que sin duda es un paso hacia adelante hacia el objetivo de conseguir el aborto cero", afirmó, por su parte, este viernes Gádor Joya, portavoz de la asociación Derecho a Vivir contraria al aborto.

En total, en España, en 2011, se llevaron a cabo 118.359 abortos, en comparación con 113.031 el año anterior, según el ministerio de Sanidad español.