Santiago (enviado especial) - Si Ricardo Lagos hizo un gol a favor de la candidatura de Michelle Bachelet forzando a la derecha a definirse (y mostrarse peligrosamente dividida) sobre una a favor de las etnias indígenas chilenas, parte de su jugada terminó saliéndole un poco peor de lo que esperaba.
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Es que el otro extremo de la movida, una ley para garantizar los derechos del personal subcontratado por las empresas -aprobada con los votos de la Concertación y la opositora Alianza por Chile- terminó levantando tal polvareda entre los empresarios que el presidente tuvo que sacar al proyecto del trámite urgente en el Senado.
La norma obliga a las empresas que subcontratan personal a velar por el pago de los salarios y los correspondientes impuestos. Además, limita a seis meses los contratos temporales de este tipo y prohíbe celebrarlos para reemplazar a trabajadores en huelga.
Esta modalidad ha alcanzado proporciones colosales en este país, al punto de que ya 20% de las tareas centrales de las empresas están subcontratadas. Así, el tema afecta a 1,5 millón de trabajadores y amenaza con paralizar al gigante del cobre Codelco, responsable de 45% de las exportaciones chilenas.
El cambio de planes fue aprovechado por el candidato de centroderecha. «Estoy convencido de que nunca le preocuparon los trabajadores» a Lagos, dijo.
Ocurre que los empresarios pusieron el grito en el cielo. Alberto Finlay, presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Administración y Externalización de Recursos Humanos (Agest) argumentó ante el diario «La Tercera» que ni siquiera las autoridades están hoy en condiciones de fiscalizar el pago de las obligaciones laborales y previsionales. Para el titular de la Asociación de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanos de Chile (Ampich), Patricio Acosta, con la nueva ley, «como pequeña empresa somos los que más sufrimos».
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