6 de marzo 2006 - 00:00

Planea Bolivia reestatizar 51% de todas las privatizadas

En sus primeros 50 días en el cargo presidencial, Evo Morales combinó señales de cierta moderación con otras muy preocupantes. En este último rubro se debe ubicar lo anunciado ayer por su ministro de Planificación boliviano, Carlos Villegas, quien comunicó la reestatización parcial de las empresas privatizadas en los noventa. La lista de firmas afectadas incluiría a la filial local de la española Repsol YPF. Cuando el gobierno izquierdista ya entra en la etapa de tomar medidas concretas, todo indica que si el plan reestatizante es llevado a cabo, no reparará en la seguridad jurídica, como parece ser una tendencia en América latina. Llama la atención que desde el gobierno de Morales se escuchen quejas contra la Argentina, Brasil y Venezuela porque no lo hacen participar de las reuniones por el anillo energético. Aunque no será fácil para el continente, si iniciativas como la anunciada se llevan a cabo, habrá que profundizar las alternativas para una solución energética sin Bolivia.

Evo Morales, la semana pasada, durante la firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Volvió a lucir el suéter al que hizo famoso en su gira mundial.
Evo Morales, la semana pasada, durante la firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Volvió a lucir el suéter al que hizo famoso en su gira mundial.
La Paz (EFE, diarios locales) - El Estado boliviano planea asumir el control de las empresas que fueron privatizadas parcialmente en la década pasada, comprando acciones a las multinacionales o «con decisiones de otra naturaleza», afirmó ayer el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas.

El funcionario señaló que ésa fue una de las medidas perfiladas en el plan económico gubernamental, analizado por el presidente Evo Morales y su gabinete de ministros en un seminario.

Según Villegas, el Estado logrará tener 51% de las acciones de esas firmas, conocidas en Bolivia como « capitalizadas», sumando la participaciónestatal a la que poseen socios menores y comprando acciones de las multinacionales que ahora las gestionan.

• Decisiones

«Quisiéramos comprar. Si no quieren (vender) vamos a tomar decisiones de otra naturaleza para que el Estado boliviano ejercite su derecho de propiedad en 51%, dijo Villegas.

Entre las posiblemente afectadas se encuentran la española Repsol YPF, que es socia de la «capitalizada» Andina; el grupo British Petroleum (BP), que participa en la petrolera Chaco, y un consorcio formado por Shell y Enron en la transportadora de hidrocarburos Transredes.

En el sector eléctrico, la empresa Inversiones Duke es socia en Corani; Guaracachi American en Guaracachi, y Bolivian Generation Group en Valle Hermoso. Además, la Telecom italiana tiene 50% de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

La intención del Estado es «contar con una capacidad para tomar decisiones en cada una de las empresas en sus diferentes aspectos de inversión, impuestos y salarios», agregó.

Las diez empresas « capitalizadas», que actúan en los sectores petrolero, ferroviario, eléctrico, de telecomunicaciones y aviación surgieron de un plan de privatización parcial aplicado en el primer mandato del ex presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

Las multinacionales tienen en esas firmas el control de 50% y el resto está dividido entre las acciones que gestionan dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en nombre del Estado y las participaciones de otros socios menores.

• Ferrocarriles

Otras firmas privatizadas parcialmente en las que el Estado pretende tener una mayoría son las ferroviarias Andina y Oriental. El ministro Villegas sostuvo que en el caso del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) la actuación del Estado puede ser diferente y dependerá de los resultados que arroje el proceso de intervención temporal iniciado por el gobierno en la compañía el mes pasado.

El viernes pasado, el titular de Repsol YPF a nivel mundial,
Antoni Brufau, se reunió con Evo Morales en La Paz, luego de semanas de tirantez. Brufau afirmó tras el encuentro que su firma aceptaría migrar hacia un régimen de producción y riesgo compartido, a la vez que confirmó el plan de inversiones de 150 millones de dólares.

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