Polémica por la flexibilización de la condena a etarra español

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Madrid (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - José Ignacio de Juana Chaos, el preso de la organización terrorista ETA que estaba en huelga de hambre desde hacía casi cuatro meses, abandonó ayer el ayuno tras conseguir una mejora en su situación penitenciaria, en una decisión del gobierno que causó una fuerte controversia política y social.

Un total de 115 días duró el ayuno de De Juana, en cuyo historial hay 25 asesinatos por los que fue condenado a 3.000 años de cárcel, de los que finalmente sólo cumplió 18 gracias a los beneficios del antiguo Código Penal español.

El terrorista debía haber quedado libre en agosto pasado, pero unos artículos de prensa en los que los jueces apreciaron un delito de amenazas y enaltecimiento del terrorismo le supusieron una nueva condena, a la que De Juana contestó con la huelga de hambre.

La protesta comenzó el 7 de noviembre y terminó después de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informara de que se le permitía cumplir lo que le queda de condena, algo más de un año, en su domicilio bajo constante vigilancia policial.

El final de la huelga lo comunicó el portavoz de Askatasuna (organización de apoyo a los presos de ETA), Juan Mari Olano, a las puertas del hospital de San Sebastián (País Vasco) donde De Juana fue internado tras su traslado en ambulancia desde Madrid.

En ese centro hospitalario permanecerá hasta que pueda regresar a su casa, donde completará el cumplimiento de su condena. El ministro del Interior manifestó en conferencia de prensa que el preso «va a seguir cumpliendo su condena, pero que lo hará en el llamado «régimen atenuado», una figura que se aplica a los reclusos cuya vida corre peligro o son enfermos terminales.

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    Consciente de la repercusión de la medida, Pérez Rubalcaba asumió «personalmente» la decisión y subrayó que se atiene «escrupulosamente» a lo que establecen las leyes españolas.

    El ministro mostró su « convicción» de que, de no haber adoptado esta decisión, De Juana «hubiera fallecido en las próximas semanas» y destacó que si a este preso no le quedara algo más de un año de condena, «no habría tomado esta decisión».

    El funcionario reconoció que «muchos ciudadanos piensan que (De Juana) no merece este tratamiento humanitario, porque él no tuvo piedad con sus víctimas». «Y tienen razón, pero una diferencia entre los terroristas y nosotros es que nosotros respetamos la vida», añadió.

    El juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ratificó la medida por estimar que «es beneficiosa para el reo» y cumple estrictamente la legalidad.

    En un auto judicial, Castro afirmó que «no debe obviarse que el Estado de Derecho no puede renunciar a la aplicación de disposiciones legales que encuentren su fundamento en los principios de humanidad y en el respeto pleno al derecho a la vida, incluso en aquellos que no respetaron la vida de otros».

    La medida fue acogida positivamente por el gobierno regional del País Vasco y por el principal partido que lo sustenta, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, la consideró «impecable» jurídicamente.

    En contra se manifestaron el Partido Popular (PP), la principal asociación de víctimas del terrorismo, la AVT, y los sindicatos policiales, que coincidieron en que la medida supone una cesión del Estado frente al chantaje de los terroristas.

    El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió al presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, su «inmediata» comparecencia en el Congreso para que explique una decisión que, en su opinión, demuestra que ETA «ha logrado doblegar al gobierno».

    «No acepto esta situación, no quiero que los españoles se sientan derrotados, no quiero que cunda el desánimo, no nos vamos a conformar. Hago mío el propósito de recuperar la dignidad de los españoles. Esta historia no termina aquí», declaró Rajoy.
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