Preocupación en EEUU por venta de aviones españoles a Venezuela
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"Estados Unidos está preocupado de que esas ventas puedan ser un factor desestabilizador en esa región. Por lo tanto (...) esperamos que esa transacción, a la larga, no se vaya a efectuar", dijo Eduardo Aguirre interrogado sobre ese acuerdo hispano-venezolano que la semana próxima deberían firmar en Caracas el presidente Hugo Chávez y el ministro español de Defensa, José Bono.
España y Venezuela alcanzaron en marzo pasado un acuerdo de cooperación que contempla la venta a Caracas de 10 aviones de transporte C-295, dos aviones de vigilancia marítima CN-235, cuatro patrulleras de vigilancia costera y cuatro corbetas, que según un diario español constituye "el contrato más importante de la historia de la industria militar española".
Estados Unidos viene objetando la venta de los aviones fabricados por los astilleros navales españoles Navantia y la empresa aeronáutica CASA-EADS porque contienen componentes estadounidense.
"Esos equipos incluyen tecnología de Estados Unidos. Hasta el momento no hemos decidido si otorgar o no nuestro permiso para la utilización de esa tecnología", respondió Aguirre interrogado en el Foro Europa, en presencia de políticos y empresarios españoles y diplomáticos, muchos de ellos latinoamericanos.
Sin embargo, según diario El País (cercano al gobierno socialista) de este miércoles, "España ultima la venta de aviones y buques a Chávez pese al veto de Estados Unidos".
El matutino indica que el acuerdo será firmado el 28 de noviembre en Caracas por el mandatario venezolano y el ministro español, pues Chávez "condicionó la firma a la presencia" de Bono, quien -siempre según ese rotativo- se reunió hace una semana con el embajador Aguirre.
"El gobierno (español) ha multiplicado las gestiones para intentar convencer a Washington de la inocuidad de la venta de material militar a Venezuela", afirma ese rotativo, antes de precisar que "los argumentos españoles no han ablandado a Washington".
Para poder exportarlos, España necesita una autorización explícita del gobierno norteamericano, salvo si Madrid decide reemplazar esos equipamientos por tecnología de otro país, posibilidad que según técnicos citados por El País "no resulta económicamente rentable".




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