Santiago (AFP) - Miles de empleados fiscales y de los hospitales públicos de Chile, incluidos los médicos, abandonaron sus trabajos ayer y marcharon por calles de Santiago y otras ciudades, en la mayor huelga que enfrentó hasta el momento el gobierno centroizquierdista del presidente Ricardo Lagos.
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«Vamos a iniciar un proceso de movilización, hasta que lleguemos a la huelga general» en 2003, proclamó el líder de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, a la cabeza de un mitin frente al palacio gubernamental de La Moneda, en el corazón santiaguino. «A este país le hace falta que los trabajadores se muevan y a este gobierno le hace falta saber que los trabajadores no van a estar de acuerdo con que siga gobernando con la derecha y los empresarios», agregó.
El paro del personal sanitario repudió el plan Auge, que reestructura la nómina de enfermedades con subvenciones estatales para sus tratamientos y que el gremio médico rechazó como insuficiente. Los empleados públicos, en su caso, reivindican aumentos salariales de 6,5%, rechazando 3%, similar a la inflación anual, consignado en el presupuesto de la nación, recién aprobado por el Congreso. «Ladrones, ladrones, devuelvan los millones», gritaron enardecidos huelguistas en la plaza de acceso a La Moneda, evocando una ola de escándalos de sobornos y sobresueldos que involucran a parlamentarios y funcionarios de alto nivel.
La Corte de Apelaciones de Rancagua (Sur) desaforó el martes a cinco diputados de la oficialista Concertación de Partidos por la Democracia, facultando a un juez de plenos poderes para que les abra procesos por supuestos cobros de sobornos a privados. La policía cercó el lugar y, con chorros de agua, controló pequeños incidentes, al final de los cuales 18 manifestantes fueron detenidos.
Los huelguistas de los hospitales, en donde trabajan unos 90 mil funcionarios en todo el territorio, mantuvieron guardias de emergencia para casos de urgencia, pero el ausentismo alejó la afluencia de pacientes y afectó el volumen diario de 3.000 operaciones quirúrgicas rutinarias y de 30.000 consultas de enfermos, según los informes gubernamentales.
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