Rebelión contra Evo

Cuatro gobernantes bolivianos lanzaron ayer una campaña de desobediencia civil contra Evo Morales. Reaccionaron a la decisión oficial de podar los recursos provinciales para financiar un ingreso universal para los ancianos del país. En el fondo, una pelea política: el Presidente pretende reducir la caja de sus adversarios para hacer populismo en beneficio propio. Bolivia se desliza rápidamente en una pendiente en medio de pujas cada vez más intensas y de una inflación rampante.

La Paz (EFE, AFP, ANSA) - Los gobernadores de cuatro de los nueve departamentos ( provincias) de Bolivia, entre ellos el rico y poderoso Santa Cruz, anunciaron ayer una campaña de «desobediencia civil» en reacción a la decisión del presidente, Evo Morales, de recortar los presupuestos regionales para financiar una nueva renta universal para ancianos.

Los gobernadores (prefectos) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando instruyeron a sus regiones para «iniciar la resistencia democrática que incluye categoría de persuasión y protesta, desobediencia civil e intervención no violenta» de oficinas públicas, según un documento divulgado ayer.

La medida, que comenzará a regir el 14 de diciembre, sigue a la determinación de la administración Morales de recortar en hasta 56% los presupuestos regionales provenientes de un impuesto a los hidrocarburos (IDH) para financiar el bono para las personas mayores de 60 años. Esa renta universal implicará un ingreso mensual de cerca de 25 dólares a todos ellos, algo más para quienes no gozan de ninguna jubilación y algo menos de ese promedio para quienes tienen alguna otra pensión. Según cálculos oficiales, supondrá una erogación de alrededor de 200 millones de dólares por año.

Redistribución

El dinero que se recorta a los departamentos será redistribuido entre los municipios, una decisión que aparentemente busca restar poder a los nueve departamentos, seis de los cuales -entre ellos las cuatro firmantes de la desobediencia civil- son firmes opositores a Morales.

Las autoridades regionales, que deliberaron entre el domingo y ayer, acordaron también «iniciar todas las demandas legales contra las autoridades del gobierno que hayan incumplido las normas vigentes sobre este asunto, pretendiendo confiscar los recursos del IDH a todos los departamentos del país».

Además, los prefectos de esas cuatro regiones, puntales de la oposición a Morales, acordaron también avanzar en su autonomía administrativa, algo rechazado por Morales.

Los prefectos rebeldes advirtieron también que en caso «de aprobarse una nueva Constitución Política del Estado al margen de la ley (en el marco de la hoy paralizada Asamblea Constituyente), desconoceremos su vigencia asumiendo la desobediencia civil frente a ella».

Los cuatro prefectos, ligados a la oposición de derecha, respaldaron también el pedido de organizaciones civiles del departamento de Chuquisaca de fijar en su capital, Sucre, la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en desmedro de La Paz.

Fracaso


Fuertemente polarizada, la Constituyente fracasó ayer en su intento de reiniciar sus deliberaciones luego de tres meses de receso forzado a causa de las desavenencias entre oficialistas y opositores.

El documento demanda «a la Asamblea Constituyente para que en su sede legal ( Sucre) se debatan todos los asuntos sin exclusión alguna (entre ellas el tema de la sede de los poderes) conforme a la ley. Cuando impera la razón y el Derecho, no habrá intento antidemocrático que lo pueda vencer».

«La democracia y el ansia de libertad de mujeres y hombres bolivianos terminarán imponiéndose al totalitarismo. Nuestros pueblos y las naciones del mundo pueden estar seguros, la paciencia tiene un límite y el límite lo ha fijado el pueblo», señala el documento.

El pronunciamiento sigue a una denuncia del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de que el gobierno de Morales «planea un autogolpe» y pretende «declarar un estado de sitio para meternos presos».

Desmentida

Esto fue desmentido ayer por el portavoz presidencial, Alex Contreras, quien calificó la denuncia de «irresponsable, falsa y muy alejada de la realidad».

El prefecto de Santa Cruz es un vehemente opositor a Morales y se caracteriza por sus duros ataques al gobierno. Hace poco llamó «macaco mayor» al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por su injerencia en asuntos bolivianos y esta semana calificó de «estúpido» al ministro de Hacienda, Luis Arce.

Los departamentos que ahoradeclaran la desobediencia civil han chocado con el presidente desde que éste asumió el mando en enero de 2006 debido a que Morales se opone a un proceso de autonomías políticas y económicas que estas cuatro regiones reclaman.