La Paz (EFE, Reuters) - El gobierno de Evo Morales demandó ayer por prevaricato a la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó parar el referendo revocatorio y amenazó con juicios penales y civiles a los autoridades electorales regionales que rechazan esa consulta.
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El Ministerio de Justicia presentó ante el Parlamento la demanda contra la magistrada Silvia Salame, única miembro del TC tras las sucesivas renuncias de sus cuatro colegas.
La semana pasada, la jueza emitió una resolución que ordenaba frenar la consulta convocada para el 10 de agosto, que definiría la continuidad o la revocación del mandato de Morales, su vice y de los gobernadores, la mayoría opositores. La decisión de Salame fue respaldada por uno de los tres miembros de la Corte Nacional Electoral (CNE) y por autoridades electorales de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Pando y Beni, bloque al que podrían sumarse las de Cochabamba y Tarija, incrementando la incertidumbre sobre la realización del referendo.
El vicepresidente Alvaro García Linera, en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en La Paz, advirtió que se iniciarán demandas civiles y penales contra los vocales que se opongan a la votación.
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