Removió Lula a directivos de empresas sospechadas

Luiz Inácio Lula da Silva

Brasilia (Reuters, EFE, ANSA) - El gobierno de Brasil, enfrentado a su peor crisis política por una acusación de compra de votos en el Congreso que involucra al partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pasó ayer a la ofensiva y anunció que cambiará a los directivos de las empresas estatales en las que se denunció corrupción.

La medida es un paso de Lula para recuperar la iniciativa política, en una jornada en la que los mercados del país volvieron a registrar pérdidas.

El diputado Roberto Jefferson, del Partido Laboralista Brasileño (PTB) y aliado de Lula, había sorprendido al gobierno al denunciar que legisladores recibieron pagos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) -unos 12.000 dólares mensuales- a cambio de apoyo.

La denuncia de Jefferson fue considerada por el gobierno como una respuesta del legislador a acusaciones que lo vinculaban a supuestos cobros de dinero recaudado en empresas estatales comandadas por sus allegados.

No obstante, el presidente de la empresa estatal de correos, Joao Henrique de Almeida Sousa, y todos los directores de la campaña decidieron presentar sus renuncias a petición de Lula.

El presidente también ordenó el reemplazo de los directivos del Instituto de Reaseguros de Brasil, otro de los entes en los que se denunció corrupción.

En el mismo sentido, el presidente del PT, José Genoino, anunció que «pasará a la ofensiva» para defenderse de las acusaciones de efectuar coimas en el Congreso. «La ejecutiva nacional del partido decidió que se defenderá en todos los terrenos y con todas las armas», dijo Genoino. El dirigente afirmó, además, que la base de aliados del gobierno permanece inalterada y que no hubo deserciones tras las denuncias de Jefferson.

En tanto, el senador Fernando Bezerra, líder del PTB en la Cámara alta, indicó que su partido entregaría todos los cargos que posee en el gobierno federal, entre ellos, la titularidad del Ministerio de Turismo, y que Lula decidirá si acepta o no esas renuncias. Sin embargo, esta formación permanecerá dentro de la base de apoyo de Lula en el Congreso, donde los diputados debatían la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para indagar las denuncias de corrupción en el correo.

El partido de Lula, que venía batallando para evitar la formación de esa comisión -que podría dar una poderosa tribuna a la oposición cuando falta un poco más de un año para las elecciones presidenciales-, debió resignarse y apoyar el trabajo del cuerpo parlamentario. «Aunque el gobierno y la policía federal estén investigando, los acontecimientos del fin de semana y la opinión pública nos llevan a decir que es fundamental que se haga una investigación aquí en el Congreso sobre la cuestión de Correos», anunció el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Paulo Rocha.

En cambio, el Partido Liberal (PL), del vicepresidente José Alencar, también afectado por las denuncias de Jefferson, pretende iniciar un proceso para quitarle al denunciante el cargo legislativo.

Varios analistas afirmaron que Jefferson, cuestionado en su propio partido, tuvo una reacción de hombre acorralado; el propio Lula habría dicho, según un informante citado por el diario «O Globo», que «Jefferson está queriendo echar mierda en el ventilador para tratar de salvarse».

Jefferson, un abogado de 51 años, es sobreviviente de otros dramas de la vida política brasileña; en 1992 fue uno de los más fieles aliados del presidente Fernando Collor de Mello, para en 1994 pasarse a las filas de Fernando Henrique Cardoso y, en 2002, a las de Lula da Silva.