Revés para Bush: debe judicializar a presos

Nueva York (AFP, ANSA, DPA) - En dos procesos distintos, la Justicia estadounidense causó ayer un duro revés a la política antiterrorista del presidente George W. Bush, al negarle al mandatario el derecho a declarar a un norteamericano «combatiente enemigo», como ocurrió en el caso de un sospechoso de poner una bomba radiológica, y al dictaminar que los más de seiscientos presuntos terroristas detenidos en Guantánamo pueden acceder a un abogado y su procesamiento debe ser acorde con el del sistema judicial norteamericano.

La decisión referida al presunto terrorista José Padilla, que recibió el voto favorable de dos de los tres magistrados de un tribunal de Nueva York, supondrá la libertad del acusado, sospechoso de intentar poner una bomba radiológica («bomba sucia») en los Estados Unidos, y su eventual traslado a la jurisdicción civil, donde contaría con todos los derechos que la ley reserva a su caso. Rápidamente, la Casa Blanca calificó de «preocupante y errónea» la sentencia, y anunció que el presidente George W. Bush tramitará una apelación.

«El presidente pidió al Departamento de Justicia que interponga un recurso y solicite un examen suplementario», dijo Scott McClellan, vocero de Bush. La sentencia puede ser recurrida en el Tribunal Constitucional o en el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones, explicaron fuentes judiciales.

• Ofensiva

Desde el 11 de setiembre de 2001, la Casa Blanca inició una ofensiva judicial contra sospechosos de terrorismo, que afectó derechos civiles casi sagrados para los estadounidenses con la denominada Ley Patriótica, entre otras normas. Para la Casa Blanca, la gravedad de la amenaza y lo novedoso de sus métodos son motivo suficiente para afrontarlo con nueva legislación.

Bush, el 9 de junio de 2002 ordenó que se le aplicase a Padilla, ciudadano norteamericano, el estatuto de «combatiente enemigo». Ese estatuto permite a la Justicia militar detener a un sospechoso sin cargos formales y sin que pueda ver a un abogado o a su familia. «Los poderes constitucionales inherentes al presidente no se extienden a la detención en calidad de combatiente enemigo de un ciudadano estadounidense capturado dentro del país y lejos de una zona de combate», afirma la resolución judicial. Pide, asimismo, que se le aplique a Padilla el Código Penal y que si Bush desea poderes extraordinarios, «los solicite al Congreso».

Padilla, de 33 años, antiguo pandillero de Chicago, adoptó el nombre de Abdullah al Muhajir al convertirse al Islam, fue arrestado en mayo de 2002 al llegar a esta ciudad norteamericana en un avión que lo había traído de Pakistán.

«La decisión es extraordinaria», afirmó su abogado, Andrew Patel, quien nunca pudo ni entrevistarse con su defendido.

• Defensores

En tanto, un tribunal federal de apelaciones de San Francisco (California) dictaminó por primera vez que los detenidos en la base naval de los EE.UU. en Guantánamo (Cuba) tienen derecho al acceso a abogados y al sistema judicial del país. El gobierno de Bush mantiene a unos 660 hombres presos sin cargos en esa base sin derecho a asistencia letrada con el argumento de que son «combatientes ilegales» y no prisioneros de guerra.

Los detenidos fueron trasladados a Guantánamo, principalmente, desde Afganistán y Pakistán, donde fueron capturados por las tropas de los EE.UU. por su presunta relación con Al-Qaeda.

La decisión de la Corte, adoptada por 2 a 1, es respuesta a una petición de un familiar de uno de los prisioneros de nacionalidad libia. El juez Stephen Reinhardt argumentó que «incluso en momentos de emergencia nacional -de hecho, particularmente en esos momentos- el Poder Judicial tiene la obligación de preservar nuestros valores constitucionales (...) para nacionales y extranjeros por igual». «Simplemente no podemos aceptar la posición del gobierno», añadió el magistrado, quien rechazó la visión de que «el Poder Ejecutivo tenga la autoridad sin obstáculos de encarcelar indefinidamente a cualquier persona».