El primer acuerdo internacional que reconoce que la migración no constituye en sí misma un crimen y que los inmigrantes pueden ser víctimas que necesitan protección entró hoy en vigor gracias a la ratificación de 40 países, entre los que se encuentra Argentina.
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El llamado "Protocolo de Palermo" contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire comenzará así a ser aplicado para combatir a las mafias que han logrado extender sus tentáculos en varios países.
Este instrumento jurídico complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que busca reducir el poder de los grupos criminales que abusan de los inmigrantes y eliminar las diferencias entre los sistemas legales nacionales, que a veces se convierten en un obstáculo en esta lucha.
La ratificación de 40 países ha permitido la entrada en vigor del protocolo, aunque aún son pocos los países industrializados los que han dado ese paso, probablemente debido a que las políticas migratorias de varios de ellos tienden en cierta forma a penalizar a los inmigrantes.
Entre los países desarrollados, destinos usuales de la inmigración ilegal, que han cumplido con la ratificación destacan España, Francia, Nueva Zelanda y Noruega, mientras entre los latinoamericanos están, además de Argentina, Ecuador, Costa Rica, México y Perú.
El documento, que a partir de ahora tendrá vinculación jurídica, señala que deben ser considerados expresamente como crímenes todos los actos relacionados con la elaboración o facilitación de documentos de identidad o viaje falsos, así como su utilización para el tráfico de inmigrantes.
En cuanto al tráfico por mar, el protocolo obliga a los gobiernos a adoptar nuevas leyes que podrían prevenir esta actividad criminal mediante el uso del transporte marítimo.
Así, los Estados parte se comprometen a ayudar a detener cualquier embarcación, a petición de otro país, en la que se sospecha que viajan ilegalmente migrantes, inspeccionarla y garantizar un tratamiento seguro y humano a las personas que son víctimas del tráfico.
De igual modo, cuando existan indicios razonables, los países se comprometen a intercambiar información sobre los probables medios de transporte utilizados, la identidad de los grupos sospechosos y los medios utilizados para la falsificación de documentos.
En cumplimiento del protocolo, los gobiernos deberán reforzar también la vigilancia de sus fronteras mediante un control más severo de las personas y sus documentos de viaje, así como de los vehículos o embarcaciones en general.
Finalmente, las autoridades de los países que han ratificado el acuerdo deberán colaborar y aceptar sin demora el regreso a su territorio de sus nacionales o de aquellos que tenían previamente un derecho de residencia.
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