Se vota el domingo en Bolivia. Se teme guerra civil por posible derrota de Evo

Una mujer muestra su adhesión a la causa de la autonomía cruceña en el cierre de campaña por el Sí para el referendo del domingo. Evo Morales rechaza la iniciativa de esa región, pero se resigna consciente de que ésta ya no responde a sus órdenes políticas.

La Paz (EFE, AFP, Reuters) - En medio de una delicada crisis política y de un enfrentamiento con el gobierno de Evo Morales de imprevisibles consecuencias, los líderes cívicos y políticos de Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, cerraron su campaña por el sí para el referendo autonómico del domingo con llamados a evitar hechos de violencia.

El presidente Morales y los dirigentes de seis departamentos (provincias) están enfrentados en torno de la Constitución de corte estatista que impulsa el gobierno central y de los estatutos autonómicos liberales que buscan aprobar esas regiones, que fueron calificadas por el Ejecutivo de ilegales y separatistas.

«El domingo hay que ir a votar por el sí para que sea contundente y no queden dudas del pedido del pueblo. Que sepan el país y el mundo entero que pregonamos la autonomía en paz y armonía por la unidad del país», arengó el miércoles a la noche el líder cívico Branko Marinkovic.

Movilización

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, considerado cabeza visible de la oposición a Morales, pidió por su parte a los cruceños «movilizarse en paz y evitar la confrontación» el día de la votación. Asimismo, dijo que el proceso autonómico es irreversible y expresó su deseo de que se extienda a todo el país.

Los departamentos de Pando (norte), Tarija (sur) y Beni ( nordeste), que junto a Santa Cruz forman la llamada «media luna» opositora a Morales, convocaron a sus referendos autonómicos para el mes que viene.

«La autonomía permitirá mayor control social y ciudadano, dotarnos de gobiernos departamentales fuertes privilegiando a los sectores más olvidados», prometió Costas, el miércoles por la noche. «La autonomía no podrá ser jamás un instrumento en beneficio de mezquinos intereses», agregó.

La Iglesia Católica advirtió recientemente que el caos político podría disparar violentos enfrentamientos entre críticos y seguidores del mandatario indígena. Ante esos temores, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, infirmó que «las Fuerzas Armadas van a estar en un alerta moderada para prestar cualquier tipo de ayuda y cooperación a la población». No obstante, aseguró que desde el gobierno ya se había descartado toda medida de excepción para el domingo.

«No hay estado de sitio, no hay acuartelamiento, hay paz y tranquilidad y esperamos que se pueda realizar en ese marco cualquier tipo de consulta o movilización», afirmó San Miguel.

Respecto de las advertencias de los movimientos sociales de llegar a Santa Cruz para impedir la realización de la consulta, el ministro afirmó que esas acciones fueron desactivadas.

«Estamos pidiendo más bien mucha madurez a todos los sectores sociales, a los sectores cívicos y esperamos que no se generen actos de violencia en Santa Cruz y sus alrededores y esperamos un comportamiento tal de la dirigencia cívica», aseveró.

El gobierno de Bolivia considera ilegales las consultas porque se organizaron al margen del Congreso y de la Corte Electoral y porque, en su opinión, amenazan la unidad nacional. La oposición, por su parte, no reconoce la nueva carta magna que respalda Morales -pendiente de ratificación por vía de referendo- ni el polémico proceso constituyente que se llevó a cabo para elaborarla.

A pocos días de la consulta, la preocupación de los bolivianos y de entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea o países vecinos es que se produzca una confrontación violenta dada la inflamable situación del país.

El analista Jorge Lazarte cree que el Ejecutivo de Morales «parece resignado a la inevitabilidad del referendo y está apostando» por el llamamiento a la calma. Fernando Mayorga, otro analista político, ve en el Ejecutivo una «postura realista» porque es consciente de que perdió autoridad en seis de los nueve departamentos del país.