Secuestros provocan éxodo de extranjeros

Yaracuy - Manuel fue secuestrado dos veces, Gerardo pasó 22 días en la selva colombiana y Rodrigo tuvo que hacer de intermediario para liberar a su hermano. Los tres son canarios (sus verdaderos nombres han sido cambiados para este reporte) y los tres han sido víctimas de la ola de violencia que se extiende por Venezuela, aunque casi siempre en la misma dirección. Emigrante, blanco, anciano y europeo. Y de preferencia, español.

«El Mundo» localizó a un aterrado grupo de agricultores, ganaderos y comerciantes con varias décadas de vida en el estado de Yaracuy, víctimas de las bandas de secuestradores y de un proyecto revolucionario que los califica de « oligarcas y terratenientes».

En este pequeño estado del centro del país hace tiempo que el tema dejó de ser una cuestión de probabilidades y actualmente hay tres españoles secuestrados. Otros 30 lo fueron en el último año y medio, en una región de apenas 500.000 habitantes. Aunque la mayoría suele resolverse en pocos días, después de pagar cifras cercanas a los 80.000 euros, el secuestro de Gerardo Benito (62 años) fue de los más caros y violentos. Nacido en Santa Cruz, a Gerardo se lo llevó en febrero una banda profesional que lo mantuvo amordazado cerca de la frontera con Colombia.

Ocho personas lo custodiaron durante 22 días, en los que durmió a la intemperie y se alimentó únicamente de una mezcla de pollo y arroz licuado metido en una botella. Después de tres semanas, perdió 15 kilos y cualquier esperanza de salir vivo al no reunir los 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) que le exigían sus captores. «Ya no me importaba morir, incluso me enseñaron el hueco que tenían preparado para enterrarme. Sólo pensaba en mi familia, que seguiría buscándome el resto de su vida», recuerda. En la recta final, convenció a sus secuestradores para recuperar la libertad y poder reunir el dinero. A cambio, dos sobrinos tuvieron que quedarse en poder de los captores a modo de «garantía», mientras pedía ayuda y malvendía aceleradamente lo que quedaba.

Por algo parecido pasó Rodrigo Gómez (65 años), mayorista de alimentos y natural de La Palma, cuando le tocó hacer de negociador durante el secuestro de una semana de su hermano hace tres años y por el que pagó 200.000 bolívares (más de 69.000 euros).

Liberado

Sólo ellos y la comunidad que forman junto a portugueses e italianos saben que en los últimos cinco años más de 50 compatriotas fueron secuestrados y que, en mayo, en la capital de Yaracuy, San Felipe, se llevaron a otros cinco europeos, tres de ellos de origen español.

Hace tres semanas se anunció la liberación del empresario orensano Alberto Cid Souto, rescatado el 29 de mayo después de 40 días encerrado en un agujero. En esta ocasión, la vieja amistad familiar tejida en Galicia entre el empresario y el secretario de Organización del PSOE, Pepe Blanco, permitió a un grupo de policías españoles viajar a Venezuela y contribuir decisivamente a su liberación, tal y como confesó una fuente de la embajada española en Caracas.

Manuel Alvarez, también de La Palma, tuvo menos suerte: fue secuestrado dos veces en un intervalo de ocho meses. En ambos casos, pagó 200.000 bolívares por su liberación (69.000 euros) que lo han dejado arruinado. También Gerardo vive agobiado por las deudas y los bancos y ya no pisa la calle sin su arma y dos guardaespaldas. Como otros españoles, es de los que piensa en largarse aunque dice tener que trabajar para pagar lo que debe. Para él está clara la razón de la doble embestida de invasiones y secuestros: «Es para que nos vayamos».

«Se trata de secuestros con un claro tinte político», explica un funcionario judicial de San Felipe, que accedió a hablar con este periódico bajo el anonimato. «Escogen a las víctimas por ser extranjeros, es una manera de forzarlos a salir del país», señala. Como ella, son muchos los que apuntan hacia el diputado nacional Braulio Alvarez como el cabecilla de esta persecución. «Es uno de los latifundistas más grandes y utiliza al Instituto Nacional de Tierras (INTI) para hacer confiscaciones y acosar a los jueces para que miren hacia otro lado». El diputado señalado explicó que no existe tal persecución y que las invasiones fueron indemnizadas (y expropiadas) dentro del proyecto bolivariano de Hugo Chávez para repartir «las tierras subexplotadas o improductivas». Son algunos de los 150.000 españoles que desembarcaron a mediados del siglo pasado y trajeron los primeros cultivos de caña a esta zona, hoy motor de su industria azucarera. Pero los tres tumban la imagen del indiano triunfador y a su alrededor sólo hay coches y casas sencillos y créditos sin pagar.