Seguridad extrema y controvertida

Un policía vigila con sus binoculares a un costado de la valla de alambres de púa de 14 kilómetros construida para oreservar la seguridad de la reunión del G-8. El costo del operativo superó los 100 millones de euros.

Heiligendamm - En un despliegue de seguridad que no se conocía en Alemania desde la II Guerra Mundial, las cifras son sin duda espectaculares... y no exentas de polémica. Una valla de acero de 14 kilómetros, que ha costado la friolera de 12,5 millones de euros y que para muchos recuerda al desaparecido Muro de Berlín, rodea desde hace ya semanas el balneario de Heiligendamm, donde los líderes del G-8 se reúnen desde ayer y hasta mañana.

La valla está coronada de alambre de púas y se extiende 50 centímetros por debajo del nivel del suelo para evitar la posible excavación de túneles. Parte de los 16.000 policías y un millar de militares desplazados a la zona recorren constantemente el trazado, y en los accesos se han instalado máquinas de rayos X. En total, 100 millones de euros de inversión en seguridad por parte del gobierno alemán.

Después de la violencia desatada el sábado durante las manifestaciones contra la cumbre en la vecina Rostock, con cerca de medio millar de heridos y más de 100 detenidos, las críticas contra la llamada «obsesión por la seguridad» del ministro del Interior, Wolfgang Sch^TMuble, han amainado considerablemente.

Con las imágenes de batallas campales entre manifestantes y la policía durante anteriores cónclaves del G-8 en la memoria, Sch^TMuble no dudó en convertir a una parte de los activistas antiglobalización en «presuntos terroristas» y ya a principios de mayo lanzó una campaña de registros en locales y domicilios de algunos responsables de esos grupos.

Esa razzia, que el parlamentario de los Verdes Wolfgang Wieland comparó con «echar nafta al fuego», ha multiplicado en las últimas dos semanas el número de delitos cometidos, presuntamente, por activistas radicales, entre ellos la quema de vehículos; la más sonada, la del coche de lujo del director del diario «Bild», Kai Diekmann. La prohibición de manifestaciones se ha extendido al aeropuerto de Rostock, que los activistas tenían previsto bloquear. Dentro de las draconianas medidas de seguridad, otras dos polémicas actuaciones policiales desataron las protestas: el control del correo y la creación de un registro de olores corporales de supuestos activistas peligrosos que servirían, según la prensa alemana, para que los perros policía los localicen durante las acciones violentas. Una práctica, ésta, muy habitual en la desaparecida República Democrática Alemana (RDA).

No sólo las organizaciones antiglobalización -de izquierda o ecologistas-han puesto el grito en el cielo ante estos excesos. Destacados ministros federales del interior del Partido Socialdemócrata (SPD, en el gobierno de coalición), así como políticos de los Verdes y el Partido de la Izquierda, han criticado las medidas y calificado algunas de inconstitucionales.

Desde las filas de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU, también en el Ejecutivo) no han faltado las voces críticas. Entre ellas, su ex secretario general Heiner Geibler, quien ha pedido a su colega Sch^TMuble que no convierta «el Estado de derecho en un Estado policial». En una decisión que alcanzó las portadas de los diarios, el ex político anunció su ingreso en el grupo antiglobalización Attac.

Además de sufrir el bloqueo por tierra, mar y aire, los vecinos de la localidad báltica se han visto obligados a solicitar documentación especial para entrar y salir de su ciudad, convertida en una fortaleza inexpugnable.

Tampoco los 4.500 periodistas acreditados pueden escapar a la férrea seguridad, ubicados en un centro de prensa dentro del segundo perímetro de seguridad del balneario, en Kühlungsborn. La polémica surgió al conocerse que al menos a una veintena de informadores se les había negado la acreditación. Entre ellos, al enviado del diario izquierdista «Tageszeitung». Algunos amenazaron con apelar a los tribunales y lograron finalmente la autorización.

Por lo que se refiere a las fronteras, hace ya días que se ha extremado el control de pasaportes en los pasos hacia Luxemburgo, Francia, Bélgica y Holanda. Las cerca de 20 organizaciones que coordinan las protestas han advertido que las medidas «inconstitucionales» sólo multiplicarán el número de manifestantes.