Senador del PT denunció a Dilma y Lula por obstruir el caso Petrobras

Lula y Dilma, cuando la presidente lo visitó en su casa, hace 10 días.

Las graves denuncias contra Dilma Rousseff y su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva hechas por el senador oficialista Delcidio Amaral cayeron hoy como una bomba en el Gobierno brasileño, que planea una estrategia para salvar el mandato de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT).

Grabaciones de audio y profusa documentación forman parte de las pruebas contra sus correligionarios y también contra líderes opositores, presentadas por el senador del PT, quien se desempeñó hasta noviembre pasado como líder del Gobierno en la Cámara Alta, es decir, interlocutor entre el Ejecutivo y el Senado.

El tenor de sus demoledoras denuncias amenazan con retrasar, o tal vez impedir, la "última carta" que parecía estar dispuesto a jugar el Gobierno para evitar la destitución de Rousseff y salir de la parálisis política que viene agravando la crisis económica.

Según anticipó el diario "O Globo", Lula ya había decidido aceptar la oferta de Rousseff para asumir un ministerio con "superpoderes", con el fin de ayudarla a librarse del proceso con miras a su destitución que tramita en la Cámara Baja.

No obstante, las acusaciones de Amaral, realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia, acercan aún más al exmandatario a la trama de corrupción que operó en Petrobras, y por la cual ya es investigado, fue denunciado penalmente y tiene un pedido de arresto en curso.

Según el senador, Lula y Rousseff no solo estaban al tanto de los fraudes en Petrobras, sino que además actuaron para entorpecer las investigaciones ofreciendo sobornos para callar posibles "delatores" o usando su poder para interferir en las investigaciones y en el Poder Judicial.

Amaral, quien perteneció al principal opositor del actual Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), antes de afiliarse al PT, fue encarcelado en noviembre y permaneció en prisión por casi tres meses.

El arresto ocurrió a partir de que fuera grabado intentando sobornar a través de terceras personas a un ex director de Petrobras, que está preso, para que no involucrara a un amigo de Lula en la trama de corrupción en la estatal.

Según el senador, fue el propio Lula quien le pidió que hablara con el hijo del ex director de Petrobras Néstor Cerveró y le ofreciera dinero, un salvoconducto para dejar el país y medidas judiciales a su favor, a cambio de que no mencionara en un eventual acuerdo de colaboración a José Carlos Bumlai, un poderoso empresario amigo personal de Lula.

También se vio fuertemente afectado por las denuncias el actual ministro de Educación, Aloísio Mercadante, uno de los políticos más cercanos a Rousseff, quien fue grabado intentando comprar el silencio de Amaral.

Mercadante fue grabado por el principal asesor del senador, Eduardo Marzagao, ofreciéndole interceder ante la Fiscalía General para que fuera liberado y ayuda financiera para su familia.

En esa acusación figuran como presuntos cómplices de la maniobra el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el presidente del Supremo Tribunal Federal -la más alta corte del país-, Ricardo Lewandowski.

Las declaraciones de Amaral fueron aceptadas hoy por el Supremo Tribunal Federal y divulgadas en forma íntegra a la prensa.

Respecto a Rousseff, dijo que la presidenta interfirió directamente con el fin de perjudicar las investigaciones y beneficiar a implicados en la trama que desvió millonarias sumas de Petrobras.

Puntualmente, la acusa de haber designado como miembro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) al juez Marcelo Navarro, quien se habría comprometido a evitar que fueran decretadas órdenes de arresto o, en su defecto, que fueran aceptados pedidos de liberación, de acusados de participar en los desvíos de fondos en Petrobras.

Agregó que Rousseff estaba al tanto de las irregularidades de algunos negocios de la petrolera, como el de la compra de una refinería en Pasadena, en Estados Unidos, realizado en la época en que Rousseff presidía el Consejo de Administración del ente estatal, y que resultó en millonarias pérdidas.

Para Rousseff, el tenor de las denuncias implica que se reaviven las voces que piden su salida del poder, y que arrastraron en domingo a las calles a unas 3,6 millones de personas.

Para Lula, en caso de que no asuma el ministerio ofrecido por las denuncias, significará perder la oportunidad de contar con el privilegio de los fueros, inherente a la investidura de ministro, y así garantizarse que todos los procesos que enfrenta sean analizados solamente por la Corte Suprema.