Surgen ya fuertes diferencias en Europa sobre la inmigración

El problema de la inmigración ha abierto una amplia brecha en la Unión Europea, con dos bloques de países muy diferenciados en cuanto a los métodos para combatirla. España, que ejerce la presidencia de turno del bloque y encabeza el sector más duro, que incluye a Gran Bretaña, Italia y Dinamarca, no logró ayer convencer a sus socios de la necesidad de establecer sanciones para los países que no frenen el éxodo de sus ciudadanos. La medida fue bloqueada por Francia, que lidera junto a Suecia el grupo de naciones que se oponen a la aplicación de castigos.

Luxemburgo (EFE, Reuters, AFP, ANSA, DPA) - Los cancilleres de la Unión Europea (UE) fracasaron ayer en su intento de acordar medidas de castigo a los países pobres que se resistan a combatir la inmigración ilegal, por lo que los líderes de los Estados miembro tendrán la última palabra sobre este espinoso tema en la cumbre de Sevilla, a celebrarse los próximos días 21 y 22.

Las fuertes reservas de Francia y Suecia, con el respaldo más tímido de Finlandia, Luxemburgo y Portugal, a las medidas de presión o sanciones propuestas por la presidencia española en caso de que terceros países no cooperen, impidió zanjar ayer la cuestión. Pese al «consenso general» sobre el principio de que hay que cooperar con las naciones de origen y tránsito de indocumentados a combatir la inmigración clandestina, fue imposible el consenso sobre el punto de la propuesta española que aboga por la suspensión, en última instancia, de los acuerdos de asociación.

El documento presentado por España sienta las bases de la futura política de cooperación de la UE con terceros países de origen y tránsito en la lucha conjunta contra la inmigración ilegal y se les reclama una serie de esfuerzos. Entre ellos, la tipificación en su legislación nacional del tráfico ilícito y la trata de seres humanos como conductas sancionables y el decomiso de los medios de transporte utilizados para su comisión. La UE también les pide un refuerzo de las medidas de control aplicadas en sus fronteras para prevenir la entrada, tránsito y estancia ilegales en los países de la Unión, respaldadas por controles policiales en el interior de su territorio nacional con el fin de perturbar y desarticular las redes de tráfico ilícito o trata de seres humanos, en consonancia con los instrumentos internacionales pertinentes, incluidos los de derechos humanos.

Según el proyecto, la Unión Europea asegura que «estará dispuesta» a apoyar a los países que se comprometan a trabajar en colaboración con ella en la puesta en práctica de estas medidas y sostiene que «cuando resulte oportuno, este apoyo podrá ser financiero». Paralelamente, «en caso de negativa a cumplir las obligaciones» de esa cláusula «se aplicarán los mecanismos pertinentes de diálogo o de resolución de controversia previstos, que podrán incluir la suspensión del acuerdo» con esas naciones.

• Mano dura

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, lamentó que los Quince no se pusieran de acuerdo: «hubiéramos preferido que se modificara el texto de la Presidencia española para ir a Sevilla con una posición consensuada, pero la Presidencia ha preferido llevarla tal cual a la cumbre».

La propuesta hubiera podido salir adelante con el apoyo de doce países, indicaron fuentes de Dinamarca, que junto al Reino Unido e Italia son los más fervientes defensores de la «mano dura» con los que no cooperen en la batalla contra los clandestinos.

Gran Bretaña aportó al bloque la idea de desplegar sus barcos de guerra en el Mediterráneo para interceptar las naves de ilegales que intentan abordar las costas europeas.

Francia, por su parte, hizo una contrapuesta a sus socios en la que plantea que «se llame la atención» a los países que no cooperen, pero sin llegar a tomar sanciones, según fuentes diplomáticas. El gobierno francés juzga que «la condicionalidad» que se hace en la propuesta de la presidencia «es demasiado fuerte. No podemos construir nuestras relaciones con los países del sur sobre la base de amenazas, sino que hay que ayudarles a combatir la inmigración ilegal», indicaron fuentes diplomáticas.

«Dar un mensaje al más alto nivel de que vamos a adoptar sanciones contra los que no cooperen no nos parece positivo. Además, las sanciones suelen tener efectos perniciosos», precisaron. Según Suecia, existen medidas para suspender, por ejemplo, el diálogo político con un país que no coopera, «pero en la propuesta española se va mucho más allá».

Francia y Suecia insisten en que con medidas de punición o castigo no se avanzará en esta lucha, sino con medidas positivas como la lucha contra la pobreza.

Con todo, observadores esperan que esta polémica no impedirá que los Quince se planten en Sevilla contra la inmigración ilegal con una serie de medidas para combatir ese fenómeno recogidas en un plan global, así como una gestión común de las fronteras exteriores y una política europea de inmigración y asilo.