Quito (EFE) - El ministro ecuatoriano de Economía, Rafael Correa, aseguró ayer que el nuevo gobierno aplicará una política económica «ética, soberana y digna» lo que, según analistas podría traducirse en una cierta toma de distancia con respecto a los organismos internacionales de crédito.
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Si bien la opinión de los organismos internacionales «va a ser muy importante y la vamos a tomar en cuenta -añadió- el país debe tomar sus propias decisiones en función del bien común».
«En ese sentido, vamos a tener una política de reactivación y creación de empleo, a través de movilizar adecuadamente los recursos económicos», dijo en un programa de opinión del canal privado de televisión «Ecuavisa».
Aseguró que el Estado cuenta con los recursos para invertirlos en el país, como por ejemplo 600 millones de dólares de un fondo especial de petróleo y unos 800 millones de dólares en las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Ese dinero se usará, anotó, «para la reactivación productiva» y no para, « ingenuamente», anunciar por anticipado la compra de la deuda exterior, como hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez, derrocado el pasado miércoles.
Correa, uno de los miembros más polémicos del nuevo gabinete, criticó al anterior gobierno por haber asegurado que la economía del país era estable y que las cifras macroeconómicas reflejaban la salida de la crisis, que se agudizó en 1999 cuando se produjo una de las peores crisis financieras de la historia con el cierre de varios bancos y el paso de otros a manos del Estado.
• Cinismo
«En la parte económica se dio el mismo cinismo que en la parte política», dijo, al asegurar que el gobierno de Gutiérrez afirmaba respetar la Constitución cuando «flagrantemente la estaban destrozando» y que respetaban la democracia «cuando la estaban haciendo pedazos». Correa insistió en su condena del gobierno de Gutiérrez por pretender convencer al país de que la política económica «era un éxito, cuando el desempleo pasó de 8 a 12%» durante sus dos años en el poder.
También recalcó que la «tasa de crecimiento no petrolero, que es la que verdaderamente refleja la capacidad de crear riqueza del país», era «la más baja desde hace diez años y la menor de América latina», lo que llevó a graves problemas en el área educativa, de la salud y el cumplimiento de las demandas de los jubilados.
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