Un tribunal chileno procesó, por primera vez, a dos civiles que colaboraron en la detención y fusilamiento de disidentes del gobierno militar en los días posteriores al derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende, ocurrido el 11 de septiembre de 1973.
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Se trata de Claudio Oregón y Juan Balcázar, quienes fueron procesados, junto al carabinero (R) Luis Jara Riquelme, por los delitos de secuestro y homicidio calificado, ocurridos en la localidad de Paine, 40 kilómetros al oeste de Santiago.
La resolución adoptada por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, es relevante puesto que aparecen civiles involucrados en calidad de colaboradores para los hechos materializados por integrantes de la policía uniformada, específicamente de la comisaría de Paine.
Fuentes judiciales indicaron que más de mil personas declararon ante la jueza Elgarrista y confirmaron que hoy notificó en su despacho a los nuevos encausados.
La muerte y desaparición de los campesinos de Paine -en su mayoría protagonistas de la reforma agraria- es una de las causas de derechos humanos más importante por la cantidad de muertes perpetradas.
Los hechos registrados a fines de septiembre y comienzos de octubre de 1973 afectaron a unas 70 personas, entre las que se cuentan al padre de la abogada de derechos humanos del Partido Socialista, Pamela Pereira.
Por otra parte, la jueza aplicó la amnistía al ex oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Víctor Pinto, por el homicidio calificado de Tomás Fuentes, hecho ocurrido en septiembre de 1973.
En una resolución, Elgarrista sostuvo que el decreto de amnistía dictado en 1978 por la junta militar era aplicable a este caso.
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