El Tribunal de Apelaciones de Managua dejó sin efecto una resolución del presidente Enrique Bolaños que ordenaba a la policía no entregar los entes reguladores de telecomunicaciones y agua potable a directivos nombrados por el Congreso, informó el presidente del tribunal.
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La orden fue emitida por la Sala Civil I, en respuesta a un recurso de amparo de los directivos de la recién creada Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), que fue creada por el Congreso, pese a la oposición de Bolaños, dijo el presidente del Tribunal, magistrado Gerardo Rodríguez.
Bolaños instruyó el domingo a la policía disponer "de las fuerzas necesarias para resguardar las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), a fin de impedir el acceso a las autoridades" de la Sisep.
El tribunal revocó la orden, lo cual fue notificado este miércoles al presidente, así como al ejército y a la policía, indicó Rodríguez.
"Si el presidente y la policía no cumplen con la orden entraríamos a un caos" y podrían ser acusados "por desacato" por incumplir las resoluciones del tribunal, advirtió Rodríguez.
Rodríguez señaló que si bien la policía está subordinada a la autoridad del presidente de la República y del Ministerio de Gobernación, también esta obligada a cumplir con las órdenes judiciales.
El gobierno mantiene desde hace siete días resguardo policial de las instalaciones de TELCOR y de INAA para evitar que las autoridades de la Sisep, elegidas por sus opositores del Congreso, tomen posesión de sus cargos.
El Parlamento, que controlan el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), puso en vigencia en febrero pasado la ley creadora de la Sisep, que sustituye las funciones de supervisión que tenía el gobierno sobre las empresas de Telecomunicaciones, Agua Potable y Energía.
Bolaños desconoció la legitimidad de la Sisep que será dirigida por funcionarios afines al PLC y al FSLN, que se aliaron en el Congreso para declararle la guerra política al Gobierno.
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