Bogotá (AFP, EFE, ANSA, DPA) - El gobierno de Alvaro Uribe y los jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acordaron la concentración de esos grupos armados irregulares de ultraderecha en el departamento de Córdoba, en el norte del país.
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Los principales jefes de las AUC, acusados de crímenes de lesa humanidad y requeridos por tribunales de Estados Unidos que los acusan de narcotráfico, pactaron con el gobierno que concentrarán sus fuerzas en Santa Fe de Ralito. En ese poblado rural permanecerían desarmados bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Quienes acaten esa orden no serán extraditados a EE.UU.
Las conversaciones de paz entre las partes, iniciadas el año pasado, estuvieron cerca de naufragar en varias oportunidades, y el acuerdo parcial de ayer permitió salvarlas in extremis.
• Exigencias
En primer lugar, por la exigencia de las AUC de una ley que los exima de prisión aun en el caso de crímenes de lesa humanidad, en principio propiciada por legisladores próximos a Uribe, pero resistida en el Congreso.
Segundo, los jefes de las AUC también exigen garantías de que no serán extraditadospara que los juzguen por narcotráfico tribunales de Estados Unidos o para comparecer ante el Tribunal Penal de La Haya, dependiente de Naciones Unidas.
El último hecho que puso en crisis las tratativas con el gobierno fue la desaparición en abril último de Carlos Castaño, uno de los dos principales jefes de las AUC, de quien no se sabe si murió o se halla escondido.
Castaño, antes de su misteriosa desaparición, había entrado en conflicto con el otro «capo» de las AUC, Salvatore Mancuso. El 7 de este mes, el presidente Uribe dijo que ante la falta de progreso de las tratativas con las AUC se abría la opción de su derrota militar.
