El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció el jueves que está dispuesto a suspender la extradición de un integrante de la guerrilla de las FARC para facilitar la liberación de 40 secuestrados, incluida la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
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En un acto de Gobierno, el mandatario no dio nombre ni detalles sobre el guerrillero al cual se refirió y aprovechó para reiterar que garantiza recompensas y beneficios judiciales para los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que deserten y liberen secuestrados.
"Hace poco me dijo la directora del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que había recibido una llamada de las FARC, donde un individuo de las FARC le decía: 'Si el presidente se comprometía, a través del DAS, a no extraditar a un fulano de las FARC, entonces ellos iban a proceder a buscar la liberación inmediata de los secuestrados'", reveló el presidente.
"Yo le dije a la señora directora del DAS: mándeles esa carta. Yo asumo el compromiso. Dígales que sí, que nos comprometemos a no extraditar a esa persona. Pero que se haga la liberación de los secuestrados", agregó en el acto en la ciudad de Pereira, la capital del departamento de Risaralda.
Según analistas, aunque los detalles sobre el contacto de un guerrillero con los servicios de inteligencia fueron vagos, podrían indicar un avance en el esfuerzo para conseguir la libertad de los rehenes, entre quienes también figuran tres estadounidenses.
Uribe no reveló el nombre ni el rango del integrante de las FARC de quien se solicitó suspender la extradición en la llamada a la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado.
Tampoco mencionó el país al que se suspendería la extradición, aunque en el pasado entregó a Estados Unidos a los integrantes de las FARC Simón Trinidad y Nayibe Rojas para que respondieran por cargos de narcotráfico y secuestro.
Uribe también ofrece el pago de recompensas con recursos de un fondo de 100 millones de dólares a los guerrilleros que se entreguen con personas secuestradas y la posibilidad de ir a Francia con un beneficio jurídico que les evitaría la cárcel.
Las FARC buscan intercambiar a 500 de sus combatientes presos por 40 rehenes que han mantenido secuestrados por motivos políticos, algunos de los que cumplieron más de 10 años retenidos en campamentos rebeldes en medio de la selva.
Pero las posiciones radicales de las partes han impedido llegar a un acuerdo humanitario para poner fin al drama de los secuestrados.
La guerrilla exige que el Gobierno retire al Ejército y a la Policía de una zona montañosa de 780 kilómetros cuadrados para crear una zona de seguridad en donde sus delegados se puedan reunir con los de Uribe a negociar el intercambio de rehenes.
Pero el mandatario, quien con el apoyo de Estados Unidos impulsa una ofensiva militar contra las FARC, a las que obligó a un repliegue estratégico, se niega a retirar sus Fuerzas Armadas con el argumento de que la guerrilla sólo busca recuperar sus golpeados frentes.
Las FARC, incluidas en una lista de organizaciones terroristas, han sufrido en los últimos meses la muerte de su fundador y máximo líder, Manuel Marulanda, y de otros comandantes en operativos militares, además de la deserción de cientos de sus combatientes.
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