Uruguay impulsa ley para expulsar a extranjeros

Montevideo (AFP) - El gobierno uruguayo impulsa una ley para expulsar a ciudadanos extranjeros que alteren el orden, se entrometan en los asuntos internos o afecten el honor de jefes de Estado extranjeros, ante los "ingresos irregulares", como los de activistas de Greenpeace en el marco del conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, dijo una fuente oficial.

El viceministro del Interior, Juan Faroppa, dijo ayer a la AFP que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley "sobre el ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros en el país", que fue "promovido por el presidente (Tabaré Vázquez) a los efectos de actualizar normas vetustas sobre ingreso y permanencia de extranjeros, que rige desde 1936".

"Este proyecto lo que hace es incorporarle tres nuevas causales de expulsión del país de extranjeros: por grave alteración del orden público democrático, por intromisión en los asuntos internos del Estado, y por actos que puedan afectar el honor de los jefes de Estado extranjeros o sus representantes diplomáticos", añadió.

"Teniendo en cuenta que se han producido ingresos al país en forma irregular con todo este tema de las plantas de celulosa, se entendió pertinente tener una normativa, por la gente de Greenpeace y otra gente que pueda ingresar", dijo Faroppa.

Activistas de Greenpeace irrumpieron en enero pasado en el puerto que la finlandesa Botnia construye en la ciudad de Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo), sobre el río Uruguay, limítrofe con Argentina, donde además construye una planta de celulosa con una inversión de 1.100 millones de dólares.

En esa ocasión, el presidente Vázquez había dicho que "Uruguay y los uruguayos nunca hemos permitido que nos -voy a utilizar una expresión muy popular pero muy gráfica- patoteen, y a este pueblo y a este gobierno no lo van a patotear".

Asimismo, Greenpeace realizó una manifestación a principios de febrero pasado frente al Palacio Legislativo en Montevideo, donde caracterizó a los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Argentina, Néstor Kirchner, como estudiantes tomando lecciones sobre medio ambiente.

Faroppa indicó que lo que se pretende es "prevenir una situación más grave que se pueda dar si tenemos un ingreso masivo de gente al territorio nacional que puedan alterar las condiciones de vida de una sociedad democrática y no se cuente con una herramienta rápida para, dentro del marco de la ley, poder disponer la expulsión del territorio nacional, con una intimación de 24 horas para abandonar el país".

Además de Botnia, la española Ence también construye una planta de celulosa en Fray Bentos, con una inversión de casi 700 millones de dólares.

Argentina se opone por razones ambientales a los emprendimientos, en tanto tolera los cortes de ruta que realizan ciudadanos argentinos que bloquean desde el 3 de febrero la cabecera del puente binacional General San Martín, que une a la argentina Gualeguaychú con Fray Bentos, en protesta por la construcción de las plantas.

El puente General José Artigas, que conecta a la argentina Colón con Paysandú (400 km al noroeste de Montevideo) permanece asimismo cortado desde el 16 de febrero.

El gobierno de Kirchner recibió respaldo legislativo para llevar el caso ante la Corte Internacional de La Haya.

Mientras, Uruguay pidió los "buenos oficios" del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y recurrió al Protocolo de Olivos de solución de controversias en el Mercosur.