Valencia: un argentino entre los 41 muertos en accidente de subte
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El diplomático dijo además que hasta el momento las actuaciones realizadas por el Consulado se limitan al envío de la información a Buenos Aires, a la espera de que la justicia remita el certificado de defunción de la víctima, y que los familiares del fallecido se pongan en contacto con la delegación.
"Todo dependerá de si deciden enterrar el cuerpo en Valencia o lo trasladan a Argentina", agregó.
El responsable de los Ferrocarrils de la Generalitat Valencia recordó que en los últimos años, en la línea 1, donde se produjo el accidente, se hizo una inversión de 120 millones de euros para reponer prácticamente toda la infraestructura y para introducir medidas de seguridad.
"Es una línea que entró en funcionamiento entre 1988 y 1989, en la que circulan vehículos todos los días y nunca pasó absolutamente nada, los ferrocarriles y los rieles están en perfecto estado y no hay ningún tipo de problemas", añadió García Antón.
En cuanto a las medidas de seguridad, el responsable valenciano consideró que no es necesario aumentar los mecanismos actuales, porque los trenes disponen del sistema de Frenado Automático Puntal (FAP), que ha estado funcionando durante mucho tiempo y es lo que aconsejan los protocolos.
Este sistema debe ser programado, y al parecer no lo estaba para frenar en este tramo, una curva en la que no se puede circular a más de 40 kilómetros por hora.
Tras la reunión del seguimiento del accidente de FGV, el secretario general del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF), Jorge Alvarez, afirmó que el siniestro es "un desgraciado accidente", motivado por una "manifiesta falta de inversión de la Generalitat valenciana, por lo que solicitó la dimisión del consejero García Antón.
Además, Alvarez dijo que el conductor del tren no era maquinista, sino un agente de estación que había recibido clases durante 14 días, cuando el período habitual es de dos meses.
Para el SIF, la línea 1 carece de medidas técnicas apropiadas, como un sistema de frenado automático que pueda impedir que se exceda una determinada velocidad y evitar así el descarrilamiento, una cuestión que responde la falta de inversión del gobierno autónomo.



