Venezuela: oposición se quejó a Zapatero
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Leonardo Puchi, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), planteó que se trata de «ayudar a gestionar una amnistía a favor de los presos políticos» e «impedir que Chávez siga desmantelando la democracia».
«En ningún momento se solicitó que no se produjera dicha venta, que tampoco fue el objeto de la reunión», se justificaron portavoces de la Secretaría de Estado para la Comunicación del Gobierno español en torno al acuerdo. Además insistieron en que la venta a Venezuela de navíos y aviones de uso mixto -condenada por EE.UU.- «no se trata de material ofensivo, están desartillados, y su construcción llevará entre dos y tres años».
En cuanto a la posición estadounidense sobre el trato, la portavoz del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Trinidad Jiménez, aseguró que EE.UU. «sabe perfectamente» que la venta de material de defensa español a Venezuela «no supone ningún rearme de España» hacia el país sudamericano, que negocia además la compra de 100.000 fusiles a Rusia y de aviones a Brasil.
También aseguró que «en este caso no se está vendiendo material bélico, sino un determinado material que tiene que ver con la defensa» y que «se atiene al código ético que rige en la Unión Europea (UE)».
Hizo hincapié en que ha sido el Gobierno de España el que «ha promovido» una cumbre con Brasil, Colombia y Venezuela en la que «se han abordado cuestiones tan importantes» como la lucha contra el terrorismo y contra el hambre y la miseria.
Subrayó asimismo el «papel» que han desempeñado España y Brasil «en intentar que Colombia y Venezuela lleguen a un entendimiento teniendo en cuenta los desencuentros que han tenido en los meses pasados».
En tanto, con la firma de acuerdos comerciales bilaterales, principalmente energéticos y de defensa, concluyó ayer en Caracas la visita de Estado de Zapatero.
Zapatero y el presidente venezolano destacaron que cuatro corbetas, cuatro patrulleras y doce aviones de transporte, que comprará Venezuela a España, no son material «ofensivo» y desestimaron las críticas de la oposición venezolana y española a este contrato, valuado en casi u$s 1.700 millones.
También rechazaron las reticencias de EE.UU. al respecto, sobre la base del supuesto peligro de una escalada armamentista venezolana, y se vieron respaldados por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, el mayor aliado de Washington en la región.

