Veta Tabaré nueva ley de aborto en Uruguay

El Senado de Uruguay dio ayer sanción definitiva a una ley que libera el aborto en el país. La iniciativa fue impulsada por el gobernante Frente Amplio, y supone un abierto desafío a la autoridad del presidente, Tabaré Vázquez, quien se declaró repetidamente opuesto a una norma de esa naturaleza. Tanto es así que el mandatario la vetará, y es prácticamente imposible que el Congreso alcance un consenso de 3/5 para insistir con ésta. El debate sobre el aborto provoca fuerte tensión en Uruguay, donde la Iglesia reaccionó duramente y amenazó con excomulgar a los legisladores que votaron a favor. Lo que teme es que la medida sea imitada en otros países latinoamericanos, sobre todo en aquellos que tienen gobiernos de izquierda. En lo político, la votación de ayer supone un nuevo y serio cortocircuito entre Vázquez y su partido. El desafío de los diputados y senadores frenteamplistas se suma al intento del presidente de bloquear la candidatura presidencial de quien fue su ministro de Agricultura, el ex líder tupamaro José Mujica. Para los comicios de octubre del año que viene, Vázquez quiere que el candidato oficialista sea el moderado ex ministro de Economía Danilo Astori

Tabaré Vázquez

Montevideo (AFP, Reuters, EFE, ANSA) - El Senado uruguayo dio ayer sanción definitiva a un polémico proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que incluye la despenalización del aborto, en medio de amenazas de veto presidencial y duros cuestionamientos de la Iglesia.

El debate, que desata pasiones encendidas en el país, sorteó así la instancia legislativa, pero aún no está a salvo de un naufragio, dadas las reiteradas amenazas de veto del presidente Tabaré Vázquez.

El texto fue sancionado en su totalidad en el Senado con 17 votos de los legisladores del gobernante Frente Amplio contra 13 votos de las bancadas de los partidos Nacional (Blanco) y Colorado. Ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El proyecto había sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados con una modificación en un artículo, por lo que debió regresar al Senado, que ya lo había votado en noviembre de 2007.

La iniciativa admitida ahora por las dos cámaras habilita a las mujeres a «decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez» alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad. Asimismo, contempla la interrupción por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre.

«Que el Poder Legislativo haya votado una ley de esta naturaleza implica un gran avance, que posibilita comenzar a saldar una deuda con las mujeres uruguayas en materia de derechos sexuales y encarar con respaldo legal las políticas públicas», subrayó la senadora y cardióloga Mónica Xavier.

La legisladora calificó la aprobación como un «hito» habida cuenta que Uruguay «penaliza hace 70 años la práctica abortiva en todas sus hipótesis».

La senadora afirmó que lamentaba en lo personal impulsar una ley que va en contra de la voluntad expresada por el jefe de Estado, a quien, de cualquier modo, exhortó a no ejercer su derecho de veto.

Lilián Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento - Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, dijo, por su parte, que se trata de «un logro histórico tras el cual apelamos a transitar por el camino más democrático, ya que si bien existe la potestad constitucional del veto, no parece ser la forma más democrática de saldar un debate de tal magnitud».

La Iglesia uruguaya, en cambio, reaccionó con «profundo malestar» luego de anunciar que quienes promuevan o voten una ley favorable al aborto incurren en «falta grave» y «rompen su vínculo con Cristo». Estos, y quienes intervengan directamente en la interrupción del embarazo, fueron amenazados con la excomunión.

La aprobación en el Senado «es una noticia de lamentar, por lo que sólo queda esperar el cumplimiento de lo anunciado por el presidente Vázquez», indicó el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis del Castillo. El sacerdote sostuvo que «autorizar el aborto de forma indiscriminada equivale a dar permiso a cualquier ciudadano a hacer justicia por mano propia, con lo cual se estaría generalizando la pena de muerte en un país cuya legislación no la consagra».

En este escenario, coincidente con las primeras manifestaciones de activistas a favor y en contra de la legalización del aborto por las calles de Montevideo, el país aguarda la posición que en definitiva adopte el mandatario, de profesión oncólogo.

«La ley de salud sexual y reproductiva contiene elementos muy positivos que se deben rescatar, pero existen otros, con los que filosófica y biológicamente no estoy de acuerdo y por lo tanto serán vetados», aseveró Vázquez hace un año.