Piden que la Corte defina batalla judicial entre Córdoba y San Luis por cierre de rutas

Nacional

La Justicia cordobesa le solicitó al máximo tribunal que resuelva demanda de productores locales contra la provincia vecina por el bloqueo de accesos durante la pandemia.

La Corte Suprema tendrá que decidir si acepta o rechaza un pedido del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, para resolver la demanda de grupo de entidades rurales del sur de Córdoba contra el Gobierno de San Luis por el bloqueo de rutas durante la pandemia.

La decisión del juez fue tomada luego de que rechazara el pedido del Gobierno de San Luis, que había solicitado la incompetencia territorial del juzgado de Río Cuarto y la remisión de la causa a la justicia federal de esa provincia por considerarla competente.

El 1° de julio, el juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda avaló la medida cautelar impuesta por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y dictaminó que se “respeten” todas las medidas para el ingreso y egreso de los camiones a la provincia debido a la pandemia. En simultáneo, la Justicia de Córdoba dictó una resolución en sentido contrario y ordenó al Gobierno puntano levantar los bloqueos, haciendo lugar de esta manera a la cautelar presentada por las sociedades rurales de Río Cuarto y Vicuña Mackena, la Asociación Civil de Transportistas y el Consorcio Caminero de Achiras.

La resolución judicial cordobesa “ordena al señor gobernador de la provincia de San Luis que arbitre los medios pertinentes para proceder a la apertura y circulación de la Ruta Nacional N° 8, Ruta Provincial N° 30 y los respectivos caminos vecinales, que se dan en el límite entre la provincia de Córdoba y San Luis”.

El dictamen destacaba que “el Estado provincial tiene el deber de establecer su accionar frente a la pandemia de Covid-19 teniendo en cuenta dos conceptos fundamentales: por un lado, que el derecho a la vida constituye un primer derecho natural de la persona, preexistente a toda legislación positiva; a lo que deben sumarse los deberes del Estado Provincial: combatir las pandemias y garantizar el derecho a la salud”.

Por su parte, la decisión de la Justicia puntana avaló los protocolos establecido por el Comité de Crisis de San Luis para el ingreso y egreso de transporte a la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19.

Estos protocolos dictaminan que, cualquier medio de transporte que ingrese a la provincia debe hacer bajo estrictas normas de bioseguridad sanitaria, ir a los centros de distribución destinados para la cargas y descargas, no mantener contacto con los empleados de dichos centros y permanecer en ese lugar para descanso si fuese necesario.

Ahora, la última palabra en esta guerra judicial podría tenerla la Corte.

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