El juez Fabián Lorenzini autorizó los contratos de fasón para las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero. El acuerdo prevé u$s300.000 para reactivar la operatoria y pone en marcha una salida para la campaña 2026.
La Justicia santafesina le abrió una vía de supervivencia operativa a Algodonera Avellaneda. En medio de su concurso preventivo, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini habilitó la continuidad del acuerdo con Nueva Vicentin Argentina para reactivar las dos plantas desmotadoras que la textil tiene en General Pinedo, Chaco, y Bandera, Santiago del Estero, una decisión que le devuelve actividad a una compañía golpeada por la falta de capital de trabajo y la parálisis de parte de su estructura productiva.
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La resolución, firmada el 1 de abril, autorizó los contratos de fasón para la campaña algodonera 2026, aunque con una serie de límites y advertencias que buscan evitar que el convenio termine afectando a los acreedores del concurso. En los hechos, el fallo le permite a Algodonera Avellaneda volver a procesar algodón en bruto en sus plantas del norte, pero bajo un esquema de seguimiento judicial y control de la sindicatura.
La novedad no es menor: según dejó asentado el propio juzgado, la empresa no cuenta actualmente con capital de trabajo ni capacidad para financiar la originación de materias primas, por lo que el acuerdo con Vicentin aparece como “su única esperanza de subsistencia durante la presente campaña algodonera”. Ese diagnóstico, expresado en la resolución, explica por qué la Justicia terminó convalidando el esquema pese a las objeciones iniciales que habían planteado tanto la sindicatura como el comité de acreedores.
El convenio aprobado prevé un volumen de 60.000 toneladas anuales, repartidas en 30.000 toneladas por planta, con un mínimo mensual garantizado de 4.000 toneladas. Además, contempla un desembolso inicial de u$s300.000 para la puesta a punto de las instalaciones, el pago de salarios adeudados y la cobertura de servicios esenciales, una inyección que en la práctica apunta a volver a encender una operatoria que había quedado asfixiada por la crisis financiera.
Bajo este esquema, Algodonera Avellaneda prestará el servicio industrial de desmote, mientras que la materia prima y los productos resultantes, fibra, semilla, fibrilla y cascarilla, seguirán siendo propiedad del cliente. A su vez, el acuerdo establece que la contraprestación cubrirá costos directos e indirectos, entre ellos mano de obra, energía, agua, gas, insumos y mantenimiento ordinario de las maquinarias. Es decir, la apuesta es que las plantas vuelvan a operar sin que la concursada deba afrontar con recursos propios el costo completo de reactivar la estructura.
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Un aval con control judicial sobre la operatoria
La autorización judicial no implicó una validación automática de todos los términos del contrato original. En su resolución, Lorenzini dejó en claro que el acuerdo podrá avanzar en lo referido a la operatoria industrial, aunque bajo seguimiento dentro del concurso y con precisiones sobre algunos de sus alcances.
El expediente muestra que, antes de la aprobación, tanto la sindicatura como el segundo comité de acreedores habían formulado observaciones sobre el primer borrador del convenio. A partir de eso, la concursada acompañó una addenda con cambios y adecuaciones, y el juzgado terminó dando luz verde al esquema para la campaña actual.
Entre los puntos revisados estuvo el mecanismo de financiamiento inicial que aporta Vicentin para reactivar la actividad. El contrato vinculaba ese desembolso con una futura venta de un inmueble de Algodonera Avellaneda en la Ciudad de Buenos Aires, aunque la resolución aclaró que cualquier cuestión vinculada a activos, fondos o eventuales disposiciones patrimoniales deberá mantenerse dentro de las reglas del concurso y bajo intervención judicial.
En esa misma línea, el juez marcó que la opinión favorable sobre la continuidad de los contratos “no implica admitir la oponibilidad a los acreedores concurrentes de aquellas cláusulas” que excedan el contenido normal de este tipo de acuerdos. La definición no frena la puesta en marcha del negocio principal, pero sí deja bajo control judicial cualquier aspecto que pueda ir más allá del uso operativo de las plantas.
Otro punto central de la resolución es que la sindicatura deberá seguir de cerca la evolución económica del esquema. Para eso, el juzgado ordenó la elaboración de informes mensuales o quincenales que permitan medir costos fijos, variables y mantenimiento de los activos industriales involucrados. El primer reporte deberá presentarse el 28 de abril.
Ese monitoreo no abarcará sólo las desmotadoras del norte. También incluirá la planta industrial de hilados y telas de Reconquista, una señal de que la preocupación judicial pasa no sólo por la campaña algodonera en curso, sino también por el estado general de la estructura fabril de la compañía.
Desde Nueva Vicentin Argentina, el directorio expresó en un comunicado su “satisfacción por poder contribuir con un aporte sensible” a la actividad y sostuvo que el esquema permitirá asumir “de punta a punta la responsabilidad de todo el proceso productivo”, incluyendo los costos operativos, los insumos y el mantenimiento de las instalaciones.
Con este aval judicial, Algodonera Avellaneda consigue al menos volver a mover una parte de su estructura industrial en uno de los momentos más delicados de su proceso concursal. La reactivación de las plantas de Pinedo y Bandera no resuelve por sí sola la situación de fondo de la compañía, pero sí le da una herramienta concreta para sostener actividad, empleo y operación en plena campaña 2026.
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