Lácteos Verónica debe u$s80 millones y busca vender dos de sus plantas en una llamativa maniobra

Los contratos de compraventa de las plantas de Clason y Suardi, en Santa Fe, fueron acordados por u$s9 millones y u$s6,5 millones, respectivamente. Las sociedades compradoras se constituyeron apenas semanas antes de la operación. La decisión queda ahora en manos de la Justicia.

Al 30 de junio, la empresa declaraba activos por $109.234 millones y pasivos por $118.496 millones.

Lácteos Verónica llegó al concurso preventivo con un pasivo de $118.496 millones —unos u$s80 millones— y, apenas semanas antes de recurrir a la Justicia, pactó vender dos de sus tres plantas industriales por u$s15,5 millones. Los contratos, a los que Ámbito accedió en exclusiva, fueron firmados el 2 de julio y comprometen los establecimientos de Clason y Suardi con dos sociedades constituidas apenas semanas antes: Lacterra S.A.S. y Copalac S.A.S.

El monto de las operaciones representa menos de una quinta parte del pasivo declarado por la compañía. Además, Verónica no cobraría los u$s15,5 millones de contado: los contratos establecen pagos a 18, 30 y 42 meses, con hipotecas de primer grado sobre los inmuebles como garantía. Ahora, con la empresa dentro del concurso, la Justicia deberá analizar y autorizar las operaciones.

La secuencia suma otro elemento llamativo: las mismas sociedades que pactaron comprar las plantas habían acordado con Verónica contratos de elaboración a fasón para procesar allí sus productos. Suardi ya funcionaba bajo este esquema y Clason estaba siendo acondicionada para hacerlo cuando se firmaron las compraventas.

Hay otro dato que queda bajo la lupa: según la documentación a la que accedió Ámbito, los bienes de uso de Verónica, donde se concentran principalmente sus plantas industriales, estaban contabilizados en $99.147 millones, unos u$s66 millones, al 30 de junio. Las dos instalaciones de las que ahora busca desprenderse fueron pactadas por un total de u$s15,5 millones, aunque no se puede establecer una comparación directa entre ambos valores porque uno corresponde a una valuación contable y el otro al precio acordado en los contratos. La diferencia, sin embargo, abre un interrogante sobre qué proporción del patrimonio industrial representan Clason y Suardi y cómo se determinó el precio de venta, una cuestión que cobra especial relevancia ahora que las operaciones deberán ser evaluadas por la Justicia.

La venta de Clason por u$s9 millones

La planta de Clason, ubicada sobre la Ruta Nacional 34, tiene una capacidad declarada de 530.000 litros diarios, además de instalaciones para elaborar dulce de leche, crema y queso procesado. El establecimiento cuenta con unos 140 trabajadores.

El contrato establece un precio de u$s9 millones y tiene como compradora a Lacterra, representada por Sergio Walter Armando. La operación comprende el inmueble, las maquinarias, equipos y herramientas y contempla la continuidad de las relaciones laborales. El pago quedó dividido en tres cuotas de u$s3 millones, a los 18, 30 y 42 meses.

Hay un dato temporal relevante: Lacterra fue constituida el 19 de junio de 2026 y quedó inscripta el 24 de junio, apenas ocho días antes de que se firmara el contrato de compraventa. El mismo 2 de julio, Lacterra y Verónica acordaron además un contrato de elaboración a fasón. Bajo ese esquema, Lacterra aporta la materia prima y conserva la propiedad de los productos, mientras Verónica utiliza su estructura industrial para procesarlos.

El contrato de fasón fue firmado por Alejandro Espiñeira, en carácter de apoderado de Verónica, según surge de la documentación. Por ese servicio, el acuerdo fija para Verónica un componente fijo de $600,6 millones mensuales más IVA, actualizado por IPC, al que se agrega un componente variable cuando el volumen procesado supera el nivel establecido.

Suardi: una venta de u$s6,5 millones y un fasón que ya funciona

La segunda operación corresponde a la planta de Suardi, ubicada sobre la Ruta Provincial 23. Tiene una capacidad declarada de 580.000 litros diarios, una planta de leche en polvo y una línea automatizada de quesos blandos. Allí trabajan unos 85 empleados.

El comprador es Copalac S.A.S., representada por Hernán Daniel Vignolo. La sociedad fue constituida el 11 de junio de 2026 y quedó inscripta seis días después, el 17 de junio. El 2 de julio presentó una oferta vinculante e irrevocable por la planta y su equipamiento por u$s6,5 millones, que fue aceptada por Verónica.

El precio, además, no se paga de contado. El acuerdo establece tres cuotas de u$s2,17 millones aproximadamente cada una, con vencimientos a los 18, 30 y 42 meses, y contempla una hipoteca de primer grado sobre el inmueble como garantía.

En paralelo, ese mismo 2 de julio las partes acordaron un contrato de elaboración a fasón. La diferencia con Clason es que Suardi ya había retomado su actividad bajo este esquema al momento de la presentación concursal: Copalac aporta la leche y conserva la propiedad de los productos, mientras Verónica pone sus instalaciones y realiza la industrialización.

Por ese servicio, Verónica cobra un componente fijo de u$s324.000 mensuales más IVA, al que se suma un componente variable de $32 por litro de materia prima entregada por Copalac. El contrato prevé además mecanismos para actualizar los valores y contempla determinadas condiciones de pago vinculadas al funcionamiento de la planta.

La identidad de la compradora de Suardi también agrega un dato relevante. Copalac es una sociedad nueva, pero su administrador titular, Hernán Daniel Vignolo, ya tiene actividad empresarial en el sector lácteo y es presidente de GálaLacs S.A.

Según los registros del Banco Central, la situación financiera de GálaLacs es bastante complicada. La empresa acumula 566 cheques rechazados por unos $640 millones, mientras que Vignolo registra en forma personal 43 cheques rechazados por aproximadamente $76,3 millones.

A esto se suma el nivel de atraso en los pagos de sus obligaciones bancarias. A julio de 2026, GálaLacs tenía informadas deudas por unos $797,1 millones: $79,783 millones con Banco Macro, $395,119 millones con Banco Galicia, $297,587 millones con Banco Santander y $24,628 millones con Banco Nación. La información del BCRA mostraba además que las obligaciones con Macro estaban registradas en situación 2, con 75 días de atraso, mientras que las correspondientes a Galicia, Santander y Nación figuraban en situación 3, una clasificación que refleja un mayor grado de irregularidad.

Una crisis de larga data

El concurso de acreedores y la posible venta de las plantas llega después de más de un año de crisis en la empresa láctea, que fue golpeando primero el flujo de fondos, después la producción y finalmente la relación con trabajadores, tamberos y proveedores. La compañía llegó a acumular salarios atrasados desde 2025, mientras el conflicto laboral derivó en protestas, jornadas reducidas y medidas de fuerza en sus establecimientos.

La presentación concursal fue realizada por Francisco Gonzalo Espiñeira, presidente del Directorio de Verónica S.A.C.I.A.F. e I., en cumplimiento de lo resuelto por el Directorio el 19 de agosto de 2026. El expediente también consigna que los accionistas de la compañía ratificaron esa decisión en una asamblea celebrada en la misma fecha.

La documentación a la que accedió Ámbito permite dimensionar el rojo con el que Verónica llegó al concurso. Al 30 de junio de 2026, la empresa declaraba activos por $109.234 millones y pasivos por $118.496 millones, es decir, una diferencia negativa de aproximadamente $9.262 millones. Casi todo el valor de sus activos estaba concentrado en sus bienes de uso, principalmente las plantas industriales, que representaban unos $99.147 millones. La certificación contable presentada para el concurso aclara que esa información no constituye una auditoría ni una revisión.

En paralelo, la empresa informó en el marco del concurso más de 2.900 cheques rechazados por más de $11.200 millones y una deuda bancaria de alrededor de $4.744,8 millones, distribuida entre Galicia ($1.376,7 millones), Banco Nación ($1.327 millones), Credibel ($1.115,2 millones) y Catalinas ($707,8 millones).

La explicación que Verónica llevó al expediente es que el deterioro fue resultado de una combinación de factores: la caída del consumo y de las ventas, el aumento de los costos, las restricciones para conseguir financiamiento, la pérdida de crédito de proveedores y la falta de capital de trabajo. Con menos margen para financiar la compra de leche y sostener el ciclo productivo, durante 2026 la compañía terminó abandonando la elaboración propia y comenzó a trabajar bajo contratos de fasón.

Lo cierto es que la crisis también achicó de manera drástica su estructura laboral. Verónica llegó a tener más de 700 empleados y hoy conserva unos 362 trabajadores: 140 en Clason, 85 en Suardi y 112 en Lehmann. Es decir, en poco tiempo la compañía perdió casi la mitad de su dotación.

Por su parte, su tercera planta productiva, ubicada en Lehmann, permanece inactiva y no forma parte de las operaciones de venta presentadas ante la Justicia. Según las presentaciones a las que accedió Ámbito, la compañía busca allí una alternativa para volver a ponerla en funcionamiento. El propio expediente señala que no existe un contrato de compraventa sobre esa unidad y que la empresa evalúa alternativas para reactivarla.

La empresa sostiene que desprenderse de Clason y Suardi le permitiría obtener fondos, preservar la actividad industrial bajo el esquema de fasón y sostener puestos de trabajo mientras atraviesa el concurso. Pero la contracara es evidente: los establecimientos que concentran buena parte del valor de sus activos son precisamente los que ahora busca vender, después de haber reducido su producción, su plantilla laboral y su capacidad para afrontar sus obligaciones.

Y hay un último punto que queda abierto: los contratos fueron firmados antes de la presentación concursal, pero su ejecución quedó sujeta a la autorización judicial. Por eso, la Justicia tendrá ahora que mirar no sólo el precio de las operaciones, sino también las condiciones pactadas, la identidad y capacidad de las compradoras y el impacto que el desprendimiento de dos de las tres plantas tendrá sobre una empresa que llega al concurso en esta situación.