Contadores piden derogar el régimen de información de planificaciones fiscales

Novedades Fiscales

Afirman que la nueva resolución suma una obligación a cumplir en tiempos en que resulta complicado cumplir con las obligaciones habituales de presentación y pago.

La implementación por parte de la AFIP del Régimen de Información de Planificaciones Fiscales a través de la Resolución General 4.838, ha provocado aflicción y también desconcierto atento su alcance generalizado y en medio de una situación de emergencia que no ha cesado y tampoco se conoce cuándo terminará o al menos, se aplacará.

El tema es que la nueva resolución suma una obligación a cumplir en tiempos en que resulta complicado cumplir con las obligaciones habituales de presentación y pago, con un agregado no menor, en el supuesto de incumplimiento, estableciéndose sanciones para los incumplidores lo que involucra a los contribuyentes y a sus asesores. No hay que olvidar que la exigencia es informar las planificaciones fiscales tanto de orden nacional como internacional.

Si bien el término asesores no incluye a un título profesional en particular pudiendo ser un abogado, un contador público u otro, la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), que reúne a todos los Colegios de graduados del país, solicitó a la Administradora Federal de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la revisión de lo actuado y la inmediata derogación de la RG 4.838, por considerarla violatoria de principios básicos de la tributación y de derechos y garantías constitucionales; todo ello, a efectos de evitar un accionar incorrecto y en defensa de los intereses de los graduados en Ciencias Económicas.

La FAGCE rechaza de plano la norma destacando que el incumplimiento por medio del micrositio que operará en la página web de la AFIP puede generar la no inclusión del contribuyente en determinados Registros implementados por el organismo, la no obtención de certificados de crédito fiscal y/o el bloqueo de la posibilidad de obtener constancias que hacen a su situación impositiva o previsional.

Varios argumentos son en los que se apoya el documento para pedir la derogación de la resolución general. El primero, respecto de la legalidad, la federación entiende que las normas en que el ente recaudador sustenta el dictado de la misma no le otorgan la facultad para ello, citando entre otros, que “el artículo 7 del Decreto N° 618/97 concede al Administrador Federal la facultad de emitir resoluciones reglamentarias y, en este caso, no se está reglamentando norma ni régimen alguno”.

En lo que hace a la oportunidad, la nota elevada a la AFIP resalta que se haya dispuesto la obligación en medio de una pandemia que causa estragos en la población y en la actividad económica, con una situación de ahogo financiero que genera la desaparición de un número significativo de empresas, aplicando normas similares a países más desarrollados que por su solidez económica tienen muchas mejores herramientas para enfrentar esta crisis.

En línea con ello apunta: “Si la Acción 12 de la OCDE-G20 es la inspiradora de esta medida, realmente debemos destacar que la República Argentina no se ha adherido a las sugerencias en materia tributaria de esa Organización, no formando parte de la misma hasta el presente. De allí que sea sumamente extraño que, en esta oportunidad, se tome aisladamente esta directiva. Además de ello, esta Acción de la OCDE siempre está referida a “planificaciones fiscales agresivas o nocivas”, mientras que la Resolución aquí cuestionada hace extensivo el régimen de información a todo tipo de planificación, sea nacional o internacional, sin límites ni definiciones concretas”.

Otro argumento que esgrime la FAGCE tiene que ver con el secreto profesional, al respecto del cual la entidad remarca que “en una época donde la elevada presión fiscal lleva a los contribuyentes a exigir permanentemente de sus asesores una especialización en el área de la planificación tributaria para reducir sus costos fiscales dentro de la legalidad, se coloque justamente a esos profesionales en la obligación de informar su estrategia al efecto, cuando justamente sus conocimientos constituyen el ‘know how’ que puede diferenciarlo. La Administración Fiscal parece entender que la llamada ‘economía de opción’ dentro de la ley resulta objetable y debe ser tratada en forma similar a la evasión. Nada más lejano de la realidad. Estamos hablando de una acción absolutamente legal frente a otra que supone un ilícito”.

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