AGIP: saldos a favor vs. anticipo voluntario IIBB

Novedades Fiscales

El 29 de mayo vence la opción que dispuso la Ley 6.301 de emergencia económica financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación a ingresar un Anticipo Tributario Extraordinario (ATE), de carácter voluntario y que genera un crédito fiscal adicional como reconocimiento de dicho adelanto. La suma de ambos se constituye en pago a cuenta del tributo a partir del 1 de enero de 2021. El mismo fue reglamentado por la Administración Gubernamental de ingresos Públicos (AGIP) a través de la Resolución 189/20 y en esos términos deberá determinarse el monto a ingresar.

No existen para abonar este adelanto restricciones en función del tamaño del contribuyentes, pero se entiende que serán aquellos que se encuentren con suficiente liquidez para realizarlo, atento el peculiar momento que vive el país y al escaso plazo para su ingreso.

En este contexto, la decisión de contribuir voluntariamente en la emergencia en gran parte se ve dificultada por una cuestión que afecta severamente no sólo a los contribuyentes del fisco porteño sino de los fiscos de todo el país.

Las sumas de saldos a favor acumulados por los contribuyentes constituyen una barrera, aún con el afán de contribuir, para decidir el ingreso de un anticipo, que a su vez reconoce un 30% de crédito fiscal, pues la sumatoria de ambos conceptos se adicionaría al monto de saldo a favor acumulado provocando un mayor crédito fiscal en cabeza del contribuyente, que aumentaría la posibilidad de no ser absorbido, y por ende incrementaría su perjuicio financiero, ante la imposibilidad de compensar los mayores importes a su favor. Más aún si ese contribuyente proyecta sus ventas en un escenario donde la recesión se vio y se verá agudizada por la pandemia, es decir menos ventas menos impuesto a tributar en Ingresos Brutos.

Por otra parte, las distintas jurisdicciones, no sólo CABA, siguen aplicando los diversos regímenes de retención y percepción vigentes a los que se debe adicionar el SIRCREB. O sea que el contribuyente no ve disminuir el tenor de retenciones, percepciones o pagos a cuenta en un marco de empresas en crisis o en estado de subsistencia, más allá de las excepciones de aquellas actividades a las cuales la emergencia las favorece.

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