Armado de listas confirma peso de los caciques territoriales

Manuel Quindimil

El cierre de listas para la elección presidencial del 28 de octubre permite constatar que la crisis 2001-2002, la más grave a nivel económico-social de la Argentina, tuvo efectos políticos importantes que hemos podido reconocer en forma retardada. Las consecuencias sociales y económicas fueron inmediatas. Los resultados políticos, en cambio, se han dado en una forma mucho más prolongada en el tiempo.

El primer efecto ha sido la crisis del sistema bipartidista histórico en la Argentina. La Argentina, desde el punto de vista de la teoría política, tuvo un bipartidismo atenuado o imperfecto. No tuvo un bipartidismo al estilo europeo, con dos fuerzas, una socialdemócrata y otra democristiana o conservadora, realmente organizadas. Tuvo un bipartidismo imperfecto, pero bipartidismo al fin, el que en la primera mitad del siglo estuvo representado por conservadores y radicales, y en la segunda mitad, por radicales y justicialistas o peronistas.

Este bipartidismo que, de una u otra manera, ordenó la vida política en dos opciones, en 2001-2002 entró en crisis. El radicalismo es un partido político, funciona como tal, tiene cuerpos orgánicos, convención, congreso, pero ha dejado de ser una fuerza política. Tiene seis gobernadores y prácticamente alinea sólo uno. A la mayoría de los intendentes tampoco los encuadra y, en la última elección presidencial de 2003, el radicalismo sacó menos de 3% de los votos.

Del otro lado, el caso del justicialismo es absolutamente a la inversa. Se trata de una fuerza política tremendamente vital, pero que ha dejado de funcionar como partido. La última vez que se reunió el congreso del Partido Justicialista fue allá en marzo del año 2004. El partido está intervenido, no hay internas. Es una fuerza política que ha dejado de funcionar como partido.

Los partidos, a nivel nacional -distinto es en el ámbito municipal o provincial-, han dejado de ser el eje de la política, el que ha pasado a ser territorial: presidente, gobernadores e intendentes.

Ello lo confirman las elecciones de los años 2003 y 2005. En la primera, en veinte de veinticuatro distritos ganó el partido que estaba gobernando. En 2005, sucedió lo mismo. Y en 2007 la tendencia va exactamente en la misma dirección: en veintiuno de los veinticuatro distritos, los actuales gobernadores van con la boleta presidencial del oficialismo.

Ha habido desafíos exitosos a gobiernos provinciales, como en Santa Fe, pero en ello ha influido el hecho de que el Partido Socialista tiene una base territorial, como la intendencia de Rosario, que representa la mitad de la provincia en términos del padrón electoral.

A nivel de intendencias, en parte, está sucediendo lo mismo. En el Gran Buenos Aires es muy probable que gane quien está gobernando. Puede darse alguna renovación, pero en este caso será sólo en uno cada diez municipios.

¿Esto es o no consecuencia de un determinado momento de bonanza económica que le da al gobierno nacional un superávit fiscal importante, con superpoderes permanentes que le permiten utilizar ese superávit fiscal como un instrumento político muy importante?

Pienso que se trata de algo más profundo, porque, en realidad, el esbozo de este fenómeno de territorialización ya se dio en la crisis 2001-2002. En un momento de grave crisis económica, los gobernadores se transformaron en la red que sostuvo al poder político. Era bastante claro en el final de Fernando de la Rúa y lo fue, sobre todo, en los primeros meses de Eduardo Duhalde. Hoy, quizás, lo que el superávit fiscal da al Poder Ejecutivo es una correlación de fuerzas con los gobernadores muy diferente de la que existía en aquel momento. Pero el esbozo del factor territorial en la política estaba planteado ya en los prolegómenos de la crisis.

Este fenómeno ¿es positivo o es negativo? Como todo fenómeno político puede ser analizado desde una u otra perspectiva. El fenómeno presenta dos problemas: el primero es que se hace mucho más difícil articular una oposición a nivel nacional.

Si se miran las elecciones del 83 para acá, se observan ciertas olas de influencia nacional, por ejemplo, cuando Raúl Alfonsín gana, genera un efecto dominó en una cantidad de provincias, donde gana el radicalismo, incluida la de Buenos Aires.

En el 85, hay otra ola de Alfonsín con la que hasta Adolfo Rodríguez Saá pierde la elección de diputados en San Luis. En el 87, el triunfo del peronismo produce un nuevo efecto nacional que permite cambios o renovaciones desde el punto de vista político, que ahora son mucho más difíciles.

Elecciones separadas

Combinado con ello, tenemos lo que está sucediendo en este momento.

Cuando se mira hacia atrás -antes de las elecciones de 2003-, la mayoría de los distritos hacía la elección junto con la presidencial. En los comicios presidenciales de este año, ya 60% de los distritos, más de la mitad, adelanta la elección, separando los comicios provinciales de los nacionales. Algo que también ocurrió en 2003, lo cual formaba parte de una decisión jurídico-política de Duhalde y, en alguna medida, pasó también en el año 2005. Las provincias adelantan la elección por una decisión deliberada.

El segundo problema que se plantea, combinado con la reelección inmediata que sigue rigiendo en la mayoría de las constituciones provinciales, es una dificultad para la renovación de la política.

Estos dos problemas pueden observarse, por ejemplo, en un caso extremo a nivel comunal como el de Manuel Quindimil en Quilmes, que ha sido reelecto en forma ininterrumpida desde 1983 y seguramente lo será nuevamente.

La interpretación positiva puede ser aquella que sostiene que se trata de una política más realista, ya que puede mejorar la representatividad desde el punto de vista regional, lo cual puede responder a realidades históricas y sociales.

Continuidad

Pienso que la territorialización es un fenómeno de corto y mediano plazo. El largo plazo en política es muy difícil de conocer, pero de acá a 2011 el fenómeno va a seguir siendo eje de la política argentina.

La ausencia de oposición que hoy se nota en el escenario nacional tiene bastante que ver con este quiebre del sistema de partidos históricos y con la mencionada territorialización de la política que, en esta coyuntura, pone a la gran mayoría de los gobernadores -salvo algunas excepciones- alineados con el Poder Ejecutivo.

Si a ello se agrega que el justicialismo está desarticulado como partido y no hay posibilidad de articular dentro de él una línea interna que pueda generar una oposición vigorosa más allá de los esfuerzos del peronismo disidente, entonces el Poder Ejecutivo tiene un dominio de la situación política realmente importante, vía gobernadores e intendentes.

Pero la territorialización puede generar, asimismo, alianzas y poderes transitorios y no permanentes como, en alguna medida, generaban los partidos. Ello hay que ponerlo en línea con un fenómeno sociológico o socioeconómico, el hecho en función del cual 50% del padrón vive hoy de ingresos provenientes del sector público: salario, jubilación, pensión o subsidio. En algunas provincias como Catamarca, llega a ser 77%. Ello otorga a quien está en el poder una base, un mínimo electoral importante.

Cuando he tenido la oportunidad de hablar con la gente que vive en indigencia, tratando de estudiar el fenómeno, le he preguntado: «¿Por qué usted vota por el oficialismo?», la respuesta es muy simple: «Porque si viene otro, ¿quién me pone en la lista?». Esto puede pasar en Formosa con un gobernador peronista, o en el Chaco con un gobernador radical. No hay problema de manipulación, sino un fenómeno, casi instintivo, de temor al cambio.

En conclusión, la política argentina hoy está funcionando, básicamente, en función de los territorios y no de los partidos, como lo hizo históricamente y como se hace en las democracias estables. La paradoja es que esto se da cuando, por primera vez en la Constitución, con la reforma del 94, los partidos políticos han pasado a considerarse en ella.