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4. Que los acuerdos no tengan ningún contenido vinculado con procedimientos de actualización y mucho menos indexatorios (la Corte Suprema declaró improcedente la indexación sobre las remuneraciones, «Chiara Díaz c/Estado Provincial s/acción de ejecución» 7-3-2006) o cláusulas gatillo que automaticen la revisión de ajustes.
5. Que los acuerdos tengan un plazo mínimo de duración de un año aniversario, es decir de doce (12) meses contados desde la fecha en la que se aplica el nuevo acuerdo, para tornar previsibles los costos laborales y proyectar su incidencia sin cambios bruscos en un plazo razonable.
6. Que cualquier ajuste que resulte viable se aplique en base a un escalonamiento del mismo a través del año del acuerdo, de modo de no producir ningún efecto distorsivo ab inicio y que, por el contrario, la eventual incidencia sea progresiva.
7. Que se armonice la utilización de sumas fijas, con un proceso gradual de adecuación en las escalas salariales, en función de las posibilidades de cada actividad o empresa.
8. Que se establezca una armónica implementación entre sumas remunerativas y no remunerativas, atento a la baja incidencia de las primeras en el marco de los costos.
9. Que se busque la modernización de las escalas y categorías convencionales que responden a parámetros perimidos y a esquemas de retribuciones con piso fijo impenetrable, junto con otros componentes del convenio colectivo que resulten anacrónicos.
10. Que se establezcan mecanismos a través de los cuales las empresas puedan compensar sumas fijas y variables, remunerativas o no, que se hayan otorgado a cuenta o en forma voluntaria de las negociaciones en curso.
11. Que se introduzca la productividad como factor determinante de la viabilidad de los incrementos que se pacten a través de mecanismos variables orientados a mejores o mayores resultados, manteniendo o mejorando la competitividad.
Las empresas han ya manifestado a los sindicatos y a las autoridades nacionales que sólo una conducta extremadamente prudente y razonable puede evitar que el resultado de las negociaciones no tenga efectos inflacionarios y, al contrario, se convierta en una contribución a la estabilidad económica percibida este año como la prioridad del gobierno nacional y de todos los interlocutores de la economía. Es más, muchos esperan del Poder Ejecutivo un mensaje o una directiva que contribuya a la tan mentada prudencia y razonabilidad con inteligencia y, sobre todo, con responsabilidad republicana.




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