Colombia actúa como una fortaleza institucional

Alvaro Uribe

El escándalo de los vínculos de algunas personalidades con los paramilitares en Colombia podría ser una prueba más de la infiltración de la ilegalidad en un país que aparentemente cuenta con un Estado débil.

Se ha dicho que se trata de la mayor crisis que enfrenta el gobierno de Alvaro Uribe, puesto que su canciller renunció como consecuencia de las investigaciones que se adelantan contra su hermano y su padre, también presuntamente vinculados con los paramilitares. El mayor número de congresistas investigados por la Corte Suprema son, además, miembros de la coalición del gobierno.

Sin embargo, aunque parezca paradójico, la situación por la que atraviesa Colombia hoy es, más que una crisis política, una señal de fortaleza institucional. Veamos por qué.

Durante años se habló de la actividad de los paramilitares y su capacidad de infiltración, pero pocas veces se les combatió con determinación. En 2002, con la llegada de Uribe al poder, el Estado retomó la ofensiva. El presidente propuso combatir tanto a la guerrilla como a los paramilitares con todo el rigor, pero al mismo tiempo abrió la posibilidad de iniciar una negociación generosa, que permita reintegrarlos a la sociedad si cesan en sus hostilidades. Así se inició el proceso con los paramilitares que ha permitido desmovilizar a más de 30.000 hombres y recluir a los líderes de esa agrupación. Cerca de 10.000 miembros de la guerrilla se desmovilizaron también. El efecto inmediato fue una reducción significativa de homicidios y secuestros.

El Congreso aprobó el marco jurídico para avanzar en la negociación, sin amnistías, mediante la reducción de penas a cambio de la confesión de delitos, entrega de bienes ilícitos y reparación de víctimas. El proceso, como es natural, es imperfecto y da lugar a debates intensos en el interior y fuera del país; pero es un ensayo audaz que acometió la democracia.

El origen del llamado escándalo es la consecuencia natural de haber emprendido ese camino. La información que viene conociendo la opinión acerca de las personas implicadas surge, precisamente, de un escenario democrático en el cual la Justicia viene operando, los medios de comunicación cuentan con un espacio abierto de denuncia y opinión, y el gobierno apoya de manera decidida el avance de las investigaciones y procura su publicidad y transparencia.

Reto asumido

La fortaleza institucional consiste en haber asumido el reto de enfrentar a esos grupos y acometer un proceso de negociación, en el cual las mismas instituciones, independientes, definan el grado de responsabilidad de cada quien. En los próximos meses, quizá años, la Justicia y los medios de comunicación seguirán vinculando líderes políticos y personalidades implicadas con las acciones ilícitas del paramilitarismo. El país y la comunidad internacional no se pueden escandalizar porque ello suceda. Todo lo contrario. Lo grave sería que no pasara nada, que se hablase de la infiltración de esos grupos pero las cosas siguieran igual, bajo el silencio de la indiferencia o el temor a destapar una olla en ebullición.

A los colombianos nos duele lo que está pasando. Pero somos conscientes de que se trata de un camino necesario, para superar la tragedia del terrorismo aliado con el narcotráfico. Y en ello sólo cabe rodear las instituciones democráticas y legítimas.